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noviembre 21, 2026 4:29 am
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La crecida del río San Javier preocupa al departamento Garay y anticipan meses de incertidumbre

El río San Javier y la crecida desde la costanera de la ciudad de Helvecia. Crédito: Aire de Santa Fe.

La crecida del río San Javier mantiene en alerta al departamento Garay y ya comenzó a provocar las primeras evacuaciones. El senador Germán Baumgartner reconoció que, aunque el fenómeno de El Niño todavía no está generando las consecuencias temidas, la situación del río es motivo de preocupación. “Más allá del fenómeno del Niño, que no nos está castigando, sí nos estamos preocupando mucho por la crecida del río”, afirmó ante la consulta de Periódico Qué.

Según detalló, en los últimos tres días el nivel aumentó un promedio de 20 centímetros diarios y continuará creciendo durante los próximos días. “Ya hay algunas familias evacuadas, muy pocas y más que nada autoevacuadas”, explicó, aunque advirtió que seguramente habrá más familias que deban abandonar sus hogares en las próximas semanas.

El escenario genera incertidumbre por la magnitud que puede alcanzar el agua y el tiempo que permanecerá en la región. Baumgartner señaló que “se ha llenado todo el valle de inundación” y que, por ese motivo, cualquier nuevo aporte tendrá consecuencias importantes. “El agua que llegue se va a notar y mucho”, advirtió.

Germán Baumgartner (senador Departamento Garay), Carlos Yossen (intendente de Santa Rosa de Calchines), Lisandro Enrico (ministro de Obras Públicas), Maribel González (intendenta de San Javier), Marcos Escajadillo (secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos) y Nicolás Mijich (secretario de Recursos Hídricos). Crédito: Gobierno de Santa Fe.

En ese sentido, remarcó que todavía no es posible anticipar el volumen que alcanzará la crecida: “No sabemos de cuánto va a ser la crecida, cuánto va a ser el caudal de agua que va a llegar”. El senador consideró que podría tratarse de un proceso prolongado y sostuvo que la preocupación no se limita a los próximos días, sino también a lo que pueda ocurrir durante los meses siguientes

Frente a este panorama, el legislador destacó las obras de infraestructura realizadas en distintas localidades del departamento, entre ellas Saladero Cabal, Helvecia, Cayastá y Santa Rosa. “Se han hecho obras muy, pero muy importantes que estaban postergadas durante muchísimo tiempo”, valoró, y consideró que esos trabajos permitirán mitigar notablemente los efectos de la crecida.

También mencionó la llegada de dos nuevas bombas, una destinada a Santa Rosa de Calchines y otra a Helvecia, equipos que habían sido solicitados por los gobiernos locales. “Son muy importantes para nosotros”, señaló. Baumgartner agregó que mantiene comunicación diaria con Protección Civil y la Secretaría de Recursos Hídricos para seguir la evolución del río, aunque las previsiones indican que todavía podría crecer entre cuatro y cinco días más, a un ritmo sostenido.

Audio: Germán Baumgartner – Senador Departamento Garay (Bloque Unidos).
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Organismos de Derechos Humanos piden al Papa que expulse al cura genocida Christian Von Wernich

La justicia le imputó 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Fue condenado a prisión perpetua. Crédito: Pablo Busti.

El reclamo se fundamenta en la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata, que encontró a Von Wernich responsable de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios. Los hechos fueron cometidos en el marco del denominado Circuito Camps, una estructura represiva que funcionó en distintos centros clandestinos de detención bajo la órbita de la Policía Bonaerense.

En el documento, las organizaciones también describieron el papel que desempeñó el sacerdote dentro del aparato represivo. Según lo acreditado durante el juicio, utilizaba su condición religiosa para acercarse a personas secuestradas, bajo una supuesta tarea de asistencia espiritual, mientras obtenía información que luego era aprovechada por los responsables de la represión.

Los firmantes consideraron incompatible que una persona condenada por delitos de semejante gravedad continúe conservando el estado clerical y las atribuciones propias del sacerdocio. En ese sentido, sostuvieron que la institución religiosa debe asumir una posición frente a los crímenes cometidos y avanzar con las sanciones que contempla su propia normativa para los integrantes del clero involucrados en homicidios.

La carta solicita al pontífice que impulse las actuaciones correspondientes para concretar la dimisión de Von Wernich del estado clerical, de acuerdo con las disposiciones del derecho canónico. Para los organismos, la medida también representa una forma de reparación hacia las víctimas y sus familiares, en consonancia con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina.

Entre las organizaciones que suscribieron la presentación se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, SERPAJ y la Red Federal de Derechos Humanos, entre otras agrupaciones.

Fuente: Periódico Qué – Agencias

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En la Provincia QUÉ Titulos Principales

La Provincia otorgó un subsidio de $300 millones a la Fundación Rosario para la polémica «ExpoSeguridad»

El gobernador Maximiliano pullaro caminando entre muros de extrema seguridad simulados (foto: prensa gobierno provincial)

Los pasados 4 y 5 de noviembre, el Salón Metropolitano de Rosario fue escenario de la primera edición de la «ExpoSeguridad Rosario», un evento presentado oficialmente como un espacio de articulación público-privada entre tecnología, desarrollo productivo y prevención del delito. Los discursos oficiales fueron encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente rosarino Pablo Javkin y una charla del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Así como desde esferas oficiales se mostraron muy conformes por la feria, desde sectores opositores, vecinales y sociales lo redujeron a “una puesta en escena alejada de la realidad cotidiana”

Periódico Qué accedió al dato clave que terminó de encender la controversia: el financiamiento estatal que sostuvo el despliegue. A través del Decreto Provincial N°2352 del 4 de noviembre (apenas algunas horas antes de que comience la Expo) el Ejecutivo santafesino le otorgó un subsidio directo de $300 millones de pesos a la Fundación Rosario, la entidad organizadora de la exposición.

deslizar para ver el decreto completo

La cifra no es menor, más aún si se tiene en cuenta que a Fundación Rosario no es una ONG comunitaria o una vecinal de barrio: se trata de una institución conformada y piloteada por el denominado «poder real» de la ciudad y la provincia, con un directorio integrado por referentes directos de las mayores corporaciones agroexportadoras, desarrolladores inmobiliarios, grupos financieros, mediáticos y cámaras del puerto local.

Un «show inmersivo» del delito y la pobreza

La ExpoSeguridad generó ruido por la llamativa propuesta escenográfica montada para los asistentes, calificada por diversos sectores sociales y opositores como una «showización» de la marginalidad urbana.

Al ingresar al Metropolitano, los visitantes se encontraban con una puesta en escena teatral inmersiva:

  • El contraste inicial: De un lado, actores caracterizaban a jóvenes en contextos de exclusión, vulnerabilidad y violencia urbana. Del otro lado de la escenografía, una actriz interpretaba a una ciudadana en el living de su casa mirando noticias sobre crímenes en bucle continuo.
  • El túnel de «gestión»: Para acceder a la feria propiamente dicha, el público debía atravesar un túnel bordeado por pantallas gigantes que proyectaban estadísticas oficiales de la baja de homicidios.
  • El «orden recuperado»: Al salir del túnel, la estética cambiaba radicalmente hacia una pulcra feria comercial con iluminación impecable, tecnología de punta, stands de blindados, celdas de cárcel a escala, armas de fuego en exhibición e incluso una plaza de juegos infantiles ambientada con sonidos de pájaros de fondo.
Video institucional del instituo de seguridad pública de santa fe

Para organizaciones vecinales y sociales de la periferia rosarina, la representación representó una caricaturización dolosa de la pobreza estructural para vender, acto seguido, la «seguridad» como un insumo transable en el mercado.

La seguridad como «clima de negocios»

La crítica de fondo que sobrevuela al evento es la mercantilización del derecho a la seguridad. Al vincular orgánicamente la pacificación de la ciudad con el desarrollo inmobiliario y corporativo, la exposición proyectó la idea de que la tranquilidad pública es, ante todo, un «clima de negocios» indispensable para el empresariado local, antes que un derecho humano integral para todos los habitantes de la provincia.

Mientras puertas adentro del predio privado se exhibían drones, cámaras con inteligencia artificial y equipamiento de última generación financiado en parte con dinero de los contribuyentes, en los barrios rosarinos la demanda por infraestructura básica, iluminación, luz, agua y presencia estatal preventiva sigue siendo la deuda principal.

el ministro de seguridad empuñando un arma y diferentes imagenes de la feria (video: http://www.conclusión.com.ar)

La tribuna de Pullaro y el trasfondo legislativo

La fecha del evento —montado a solo 24 horas de debates clave en la Cámara de Diputados de Santa Fe— no fue casual. El gobernador Maximiliano Pullaro utilizó la ExpoSeguridad como una tribuna política para presionar por la aprobación del paquete de reformas judiciales y de seguridad enviado por el Ejecutivo, un proyecto que viene generando intensas discusiones y fricciones internas en la propia coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.

«En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales», enfatizó Pullaro durante el acto de apertura, custodiado por la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente Javkin y el presidente de la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero. Aunque el mandatario reconoció avances en la baja de indicadores violentos, advirtió que «las organizaciones criminales están activas» para justificar la necesidad de mayores atribuciones legales y respaldo a las fuerzas policiales.

Por su parte, desde la oposición en la Legislatura ya se alistan pedidos de informes para profundizar sobre el monto total de la pauta publicitaria y los aportes públicos (sumados a los $300 millones confirmados por decreto provincial publicado en esta nota) volcados a una estructura privada en momentos de fuerte restricción presupuestaria para los servicios públicos esenciales.

Quiénes integran la Fundación Rosario

La Fundación Rosario, beneficiaria del subsidio millonario otorgado por el Estado provincial, se autodefine como una entidad para la promoción de la marca ciudad. Sin embargo, su conducción estratégica está fuertemente asentada en el entramado corporativo más relevante del Gran Rosario: https://www.fundacionrosario.org.ar/#equipo

El otorgamiento de 300 millones de pesos del tesoro público a una fundación integrada por los principales poderes económicos de la región reabre un debate postergado: la asignación de prioridades presupuestarias en medio de una crisis social que la propia «Expo» prefirió convertir en un espectáculo inmersivo.

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Tarifazo en el tren Rosario-Buenos Aires mientras Nación mantiene la desinversión ferroviaria

La actualización representa una suba de entre el 11% y el 15%, de acuerdo con la categoría elegida y el día del viaje.

El servicio ferroviario que une Rosario con Buenos Aires comenzó noviembre con un nuevo aumento en sus tarifas. La actualización representa una suba de entre el 11% y el 15%, de acuerdo con la categoría elegida y el día del viaje. De esta manera, los usuarios deben afrontar un costo mayor para utilizar una conexión que arrastra dificultades operativas y de infraestructura.

Los nuevos precios establecen que, de martes a viernes, el pasaje en primera cuesta 13.500 pesos, mientras que la categoría pullman alcanza los 16.000 pesos. En tanto, los lunes, sábados y domingos, los valores se ubican entre los 14.500 y los 19.000 pesos. Hasta octubre, los boletos costaban entre 11.700 y 16.800 pesos. También aumentó el traslado de mascotas, cuyos pasajes ahora llegan a los 33.000 pesos.

El incremento se produce en un contexto de deterioro del servicio. El recorrido entre Rosario Norte y Retiro demanda alrededor de siete horas y media y cuenta con una sola frecuencia diaria por sentido. Además, las formaciones circulan con un único coche pullman, mientras que distintos problemas mecánicos y la falta de mantenimiento condicionan la prestación. La situación genera cuestionamientos entre las organizaciones que defienden el transporte ferroviario.

Desde la Asociación Amigos del Riel, advierten que el principal problema no pasa únicamente por el valor de los boletos, sino por la falta de inversiones que permitan recuperar la calidad del servicio. También señalan las dificultades para conseguir repuestos, realizar reparaciones programadas y poner en funcionamiento las barreras automáticas instaladas a lo largo del recorrido, que todavía no prestan servicio.

A este panorama se suma la falta de reparación de tres puentes ferroviarios afectados por el temporal de mayo de 2025 en territorio bonaerense. Las restricciones de velocidad en esos sectores contribuyen a extender los tiempos de viaje. Mientras Nación actualiza las tarifas, continúan pendientes obras de infraestructura y mantenimiento indispensables para mejorar la conexión entre Rosario y Buenos Aires, en un escenario que también mantiene interrumpidos los servicios ferroviarios hacia Córdoba y Tucumán.

Fuente: Periódico Qué – Agencias

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El fin del Plan Remediar abre un nuevo escenario sanitario para Santa Fe

El Programa Remediar fue creado en el año 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de la distribución directa de botiquines en los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país.

La provisión de medicamentos esenciales vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre el funcionamiento del sistema público de salud. En Santa Fe, la salida del programa nacional obliga a revisar cómo se garantizará el acceso a tratamientos básicos, especialmente para quienes no cuentan con obra social ni recursos para afrontar los costos de las farmacias. El debate también pone bajo la lupa la capacidad de producción y distribución del Estado provincial.

«La salud se construye desde el territorio»

La diputada provincial y ex ministra de Salud Sonia Martorano calificó la situación como de «una gran gravedad», al considerar que la discontinuidad del programa implica desconocer la importancia de la atención primaria. Recordó que Remediar funcionaba desde 2002 y atravesó gobiernos de distintas orientaciones políticas que trabajaron para fortalecerlo. «La salud se construye desde el territorio, desde la atención, desde la farmacia barrial», sostuvo, en referencia a los botiquines que llegaban a los centros de salud con medicamentos para responder a las necesidades más frecuentes de la población.

La ex ministra también puso el acento en la capacidad que tiene Santa Fe para amortiguar parte del impacto a partir de su propia producción farmacéutica. Destacó el trabajo del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que ya abastece a los centros de salud provinciales, y señaló que se realizaron inversiones para sostener la distribución de medicamentos. Sin embargo, advirtió que esa capacidad no alcanza para resolver automáticamente todas las necesidades que deja el retiro del programa nacional. «Si la provincia tiene que ir haciéndose todos los días cargo de diferentes cosas que la Nación deja, las sábanas son cortas y se descuida algún problema», planteó.

«Sacarle medicamentos a ese botiquín es hacerle pasar el costo a esa gente»

El senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana, calificó la decisión como «desacertada» y «triste», y recordó su experiencia como médico de atención primaria. Según explicó, los botiquines permitían cubrir necesidades que muchas veces las provincias o los propios centros sanitarios no estaban en condiciones de afrontar. «Sacarle medicamentos a ese botiquín es hacerle pasar el costo a esa gente y, obviamente, no tienen para comprar medicamentos», señaló. También alertó sobre el crecimiento de la demanda en hospitales y dispensarios, en un contexto donde cada vez más personas dejan de utilizar sus coberturas médicas por dificultades económicas.

Diana agregó que el recorte no se limita a los medicamentos de uso habitual, sino que también alcanza tratamientos para distintas patologías. Mencionó, entre otros ejemplos, los destinados a enfermedades neurológicas, epilepsia y Parkinson, además de anticonceptivos. Frente a ese escenario, consideró que será necesario discutir alternativas para cubrir las prestaciones que dejan de llegar a través del programa nacional. «El sistema público termina tomando la demanda, lo que sucede es que a veces no está preparado para cubrir el 100%», advirtió.

«La peor de las pobrezas es la falta de empatía»

El diputado provincial Miguel Rabbia planteó que la distribución estatal de medicamentos representa una herramienta fundamental para reducir costos y garantizar el acceso a la salud. Explicó que el Estado puede adquirir medicamentos y sus componentes a valores muy inferiores a los del mercado minorista, lo que permite ampliar la cobertura con una inversión relativamente menor. También recordó que Remediar se consolidó después de la crisis de 2001 y llegó a contar con más de 120 monodrogas, bajo un criterio de distribución federal. Sin embargo, sostuvo que la responsabilidad de garantizar la atención sanitaria corresponde también a cada provincia y reclamó que Santa Fe asuma ese desafío.

En ese sentido, Rabbia cuestionó la capacidad de respuesta del sistema sanitario santafesino y mencionó problemas que, según afirmó, ya se registran en la provisión de medicamentos para distintas patologías. Entre ellos, señaló faltantes vinculados con la salud mental y discontinuidades en la entrega de insulina. Como alternativa, propuso analizar experiencias como la de Mendoza, que recurrió a la importación directa de medicamentos para abaratar costos. «La peor de las pobrezas es la pobreza de empatía, de sensibilidad y de inteligencia para resolver estos problemas», expresó.

«Necesitamos una respuesta por parte del laboratorio provincial»

Desde una perspectiva centrada en las herramientas disponibles en Santa Fe, la diputada Natalia Armas Belavi planteó que la Provincia debe evaluar cómo aprovechar su capacidad de producción farmacéutica para afrontar parte de las necesidades que puedan quedar sin cobertura. En ese marco, destacó el potencial del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y anticipó la presentación de iniciativas legislativas para solicitar que se analice la producción o provisión de los medicamentos que dejarán de estar disponibles. No obstante, advirtió que no será una solución inmediata: «No será una solución de que de repente creamos una línea de producción nueva y ya sea de un día para el otro, pero necesitamos una respuesta por parte del laboratorio provincial».

La legisladora también planteó que la respuesta provincial no necesariamente deberá abarcar la totalidad de los medicamentos incluidos en el programa nacional. Consideró que será necesario analizar cada caso para determinar cuáles pueden ser elaborados por el laboratorio santafesino y cuáles podrían conseguirse por otras vías. En ese sentido, sostuvo que la Provincia debe evaluar sus posibilidades de intervención y definir qué tratamientos está en condiciones de garantizar con recursos propios.

Audio: Sonia Martorano Diputada Provincial (Bloque Hacemos Santa Fe).
Audio: Leonardo Diana – Senador Departamento San Jerónimo (Bloque Unidos).
Audio: Miguel Rabbia – Diputado Provincial (Bloque Construyendo Futuro).
Audio: Natalia Armas Belavi – Diputada Provincial (Bloque Vida y Familia).

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En la Provincia QUÉ Titulos Principales

Golpe al bolsillo: el gobierno provincial autorizó una suba del 11,5% en el transporte interurbano

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó un nuevo incremento en el cuadro tarifario del transporte interurbano de pasajeros. A través del decreto 2351 – al que tuvo acceso Periódico Qué – firmado por la administración provincial, se habilitó a las empresas prestadoras a aplicar un aumento del 11,57% en las pasajes que conectan las distintas localidades del territorio santafesino.

La medida representa un nuevo impacto directo sobre la economía de los trabajadores y estudiantes que utilizan a diario el servicio. Con esta medida, el boleto interurbano acumula una suba del 42,14% en lo que va del año, ubicándose sustancialmente por encima de la inflación provincial, que según los últimos datos oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) alcanzó un 23,6% acumulado hasta el mes de septiembre.

La evolución tarifaria en el año

El último retoque en las tarifas del sistema interurbano se había registrado en abril pasado, cuando el Ejecutivo provincial dispuso un incremento del 30,57%. Aquel ajuste se fundamentó en el fuerte salto en los costos operativos de las empresas —con particular incidencia en el precio de los combustibles, repuestos dolarizados y la paritaria del sector asalariado— sumado al impacto derivado de la quita de subsidios nacionales al transporte en el interior del país.

No obstante, la dinámica del costo del boleto viene mostrando una curva ascendente pronunciada durante los últimos años. Según datos del Observatorio Social del Transporte, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro el boleto interurbano ya acumulaba incrementos promedio cercanos al 994% en sus primeros seis ajustes tarifarios (con picos de hasta 1.400% en tramos específicos del área metropolitana) y sin tener en cuenta aún este último aumento, reflejando la crisis estructural de financiamiento que atraviesa la movilidad de pasajeros en la provincia.

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QUÉ Temas de Hoy

El Gobierno provincial envió al Senado el proyecto de Presupuesto 2027

El presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig, recibió este viernes el proyecto de presupuesto 2027.

El Gobierno de Santa Fe presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzó su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores. La iniciativa prevé recursos por $18,88 billones y gastos por $18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $919 millones. De esta manera, la administración provincial busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el próximo ejercicio.

El cálculo presupuestario fue elaborado sobre una proyección de crecimiento de la actividad económica del 4%, una inflación promedio anual del 21,1%, una variación interanual de precios del 18% hacia diciembre de 2027 y un tipo de cambio estimado en $1.847,60 por dólar para el cierre del año. Además, se proyecta un ahorro corriente de aproximadamente $2,28 billones, con capacidad para financiar cerca del 93% de los gastos de capital.

Entre las áreas que concentran mayores partidas aparecen Educación, Cultura y Deporte, con casi $4 billones; Seguridad, con $2,34 billones; Obras Públicas, con $2,13 billones; Infraestructura Productiva, con $1,92 billones; y Salud, con $1,80 billones. El esquema plantea combinar el control del gasto corriente con recursos destinados a inversiones y servicios considerados estratégicos por la Provincia.

Uno de los cambios incorporados al proyecto es la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina. El mecanismo establece que la totalidad de los recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural sea destinada a obras de infraestructura vinculadas con la actividad agropecuaria. La propuesta también contempla mecanismos de seguimiento por parte de representantes del sector.

El proyecto también contempla partidas para municipios y comunas por un total de $1,9 billones, incluyendo la coparticipación y fondos específicos como Obras Menores y Brigadier. En paralelo, la Provincia sostiene una política de reducción de sus compromisos financieros: según los datos oficiales, durante la actual gestión se prevé cancelar una parte significativa del capital de deuda acumulada de períodos anteriores.

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En la Provincia QUÉ Titulos Principales

Entre el control y la desconfianza: la Legislatura avanza en otorgar nuevas facultades a la policía

El gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, insisten en la necesidad de contar con las Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

El primer eje de la controversia gira en torno a la ley que otorga facultades a las fuerzas de seguridad para exigir a los ciudadanos la visualización del número de identidad internacional (IMEI) de sus teléfonos celulares en la vía pública. Desde el bloque oficialista defendieron la herramienta argumentando que apunta directamente contra los delincuentes que roban y comercializan aparatos electrónicos.

El diputado José Corral explicó el funcionamiento de la norma al señalar: «La ley que aprobamos va justamente a eso, a que las fuerzas de seguridad tengan el recurso de poder pedir a las personas que muestren el IMEI, que es una cosa muy sencilla, es como el número de motor o el DNI del celular».

Sin embargo, la medida generó duras réplicas desde la oposición, donde alertan sobre los riesgos de vulneración de la privacidad y los derechos ciudadanos. El legislador opositor Carlos del Frade cuestionó con dureza el espíritu de la iniciativa y advirtió sobre sus consecuencias prácticas: «En realidad es darle a la policía la posibilidad de que te revisen el celular sin saber bien qué tiene que revisar, pero si te negás, vas preso. Eso lo dice la ley, y no tiene mucho sentido porque eso efectivamente violenta derechos y garantías, no solamente individuales sino también comunitarios».

Para el sector opositor, este tipo de normativas profundiza una lógica punitivista que erosiona las libertades civiles en lugar de brindar soluciones estructurales al delito.

Asistencia legal especializada para las fuerzas de seguridad

El segundo punto aprobado y debatido con intensidad fue la creación de un cuerpo de defensores públicos enfocado en los efectivos policiales involucrados en causas judiciales. El oficialismo justificó la creación de estos cargos específicos argumentando que el Estado debe garantizar asistencia letrada profesional a quienes portan armas y cumplen con órdenes de servicio.

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En este sentido, José Corral detalló: «Hoy corregimos con una ley esto creando cargos específicos para la defensa de los policías, a quienes el Estado le da un arma, le da un reglamento y le pide que intervenga; si interviene y termina en una causa judicial, resulta que el Estado después los dejaba librados a su suerte y no les ponía un defensor».

José corral, la referencia de unidos en la defensa de las nuevas leyes.

Por el contrario, la oposición interpretó esta disposición como una muestra más de la excesiva habilitación y protección institucional otorgada al accionar policial. Carlos del Frade argumentó que esta normativa se contrapone con los propios informes oficiales sobre violencia institucional: «La defensa pública está para defender a la gente vulnerada por los representantes institucionales. El propio informe, el último informe que se presentó aquí desde el Ministerio Público de la Defensa, hablaba de más de 100 casos de tortura de la policía de la provincia de Santa Fe». El legislador opositor remarcó la contradicción de blindar legalmente a una fuerza que acumula denuncias graves en los estrados judiciales.

El trasfondo del debate político en la provincia

La aprobación de ambas normas expone dos visiones antagónicas sobre cómo abordar la crisis de seguridad que atraviesa Santa Fe desde hace años. Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas otorgan agilidad operativa y resguardo a los agentes que combaten el delito en la calle, los críticos sostienen que se avanza hacia un modelo de hipervigilancia con escasos controles democráticos. Las diferencias de criterio evidencian la complejidad de conciliar la eficacia en la prevención del delito con el estricto cumplimiento de los estándares constitucionales y los derechos humanos.

carlos del frade, uno de los principales críticos a las politicas de seguridad del gobierno provincial.

Las tensiones en el recinto legislativo reflejan también la dificultad de construir consensos amplios en temas tan sensibles para la ciudadanía santafesina. La discusión sobre el margen de autonomía y el poder de policía se da en un contexto donde la demanda de orden y la protección de las garantías ciudadanas chocan permanentemente en la agenda pública. Para los bloques opositores, el resultado de estas votaciones consolida un esquema institucional que prioriza la mano dura por encima del equilibrio republicano y la división de poderes.

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Organismos de derechos humanos cuestionan el paquete de seguridad del gobierno provincial

Por su parte, los impulsores de los proyectos confían en que la puesta en práctica de estas herramientas normativas permitirá descomprimir las restricciones operativas que, según su mirada, ataban de manos a la policía. Las autoridades provinciales sostienen que las nuevas facultades están debidamente acotadas por protocolos legales y la supervisión de la justicia. No obstante, el debate sobre el alcance real de estas leyes continuará abierto tanto en el ámbito parlamentario como en las discusiones cotidianas de la sociedad santafesina.

A modo de cierre, el paquete de leyes sancionado esta semana marca un punto de inflexión en la estrategia legislativa del gobierno provincial en materia de seguridad y justicia. Con posturas tan divididas, la implementación de los controles tecnológicos y la asistencia jurídica policial se perfilan como los temas centrales de la agenda política local en los próximos meses. La efectividad de estas medidas para frenar el delito y su impacto sobre los derechos y garantías individuales serán, sin dudas, el principal termómetro para evaluar el acierto o el error de estas polémicas decisiones.

Audio: José Corral – Diputado Provincial (Bloque Unidos)
Audio: Carlos del Frade – Diputado Provincial (Bloque Frente Amplio por la Soberanía)
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En Santa Fe QUÉ Temas de Hoy

Otra vez descarriló el tren: el Belgrano Cargas sigue siendo un peligro mientras la obra del Circunvalar junta yuyos

Varios vagones quedaron tumbados. una postal peligrosa y cotidana en santa fe (Foto: Flavio raina. el litoral)

Parece una pesadilla recurrente, pero no lo es: es la dura realidad cotidiana de los santafesinos. Cuando todavía resonaba el eco del auto que se salvó de milagro tras ser embestido en un paso a nivel sin barreras, el tren Belgrano Cargas volvió a descarrilar en la ciudad de Santa Fe.

El siniestro se produjo durante las primeras horas de esta madrugada sobre el Pasaje Irala al 3800, en pleno corazón de barrio Barranquitas, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes. El impacto fue devastador: varios vagones descarrilaron y tumbaron de costado, derramando su carga junto a la traza ferroviaria, arrastrando postes de luz, cortando cables y hasta derribando un árbol sobre la vía pública.

¿El resultado inmediato para los vecinos? Un caos urbano en las primeras horas del día cuando la gente concurre a sus trabajos o lleva a los niños a la escuela. Calles fundamentales para el tránsito entre el norte y el centro de la ciudad —como Francia, Saavedra, San Lorenzo y el cruce con López y Planes— quedaron totalmente bloqueadas por la mole de hierro volcada.

Va a seguir pasando

Lo que ocurrió hoy en Barranquitas no es un «accidente insólito». Es la consecuencia lógica de un sistema obsoleto que atraviesa la mancha urbana a paso de hombre, por vías deterioradas y cruces peligrosísimos que no cuentan con la señalización ni las barreras automáticas prometidas.

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Apenas días atrás, la capital provincial estuvo a segundos de lamentar víctimas fatales cuando una formación embistió a un vehículo particular. Con un promedio que roza un descarrilamiento o incidente grave por mes, la convivencia entre las formaciones de carga pesada y el tráfico urbano de medio millón de habitantes es insostenible.

La solución congelada que le regalan a un privado

El aspecto más indignante de este nuevo siniestro en barrio Barranquitas es que la solución estructural existe, pero está abandonada por decisión política.

El Circunvalar Santa Fe —la megaobra de 60,4 kilómetros pensada para que los trenes de carga rodeen la capital uniendo el norte de Santo Tomé con Laguna Paiva y cruzando el Río Salado— quedó paralizada a principios de 2024 por el recorte total de obra pública dispuesto por el gobierno de Javier Milei.

Al momento del freno, la obra registraba un avance de entre el 62% y el 70%. Si el financiamiento público no se hubiera congelado, durante este mismo 2024 la obra ya estaría terminada, eliminando 61 pasos a nivel dentro de la ciudad y quitando para siempre los convoyes de carga de las calles santafesinas.

Hoy, mientras los vecinos de Barranquitas juntan escombros y desvían el tránsito entre vagones volcados, el plan oficial consiste en empaquetar esa obra ejecutada en un 70% con recursos públicos para entregársela al mejor postor en la privatización del Belgrano Cargas por 50 años. El beneficio privado será directo; el costo de la espera, la inseguridad y la parálisis vial lo siguen pagando, día a día, los vecinos de la ciudad.

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En la Provincia QUÉ Temas de Hoy

Organismos de derechos humanos cuestionan el paquete de seguridad del gobierno provincial

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y Tramas – Derecho en Movimiento expusieron ante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales.

El debate por la reforma del sistema penal santafesino sumó un fuerte contrapunto en la Cámara de Diputados. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y Tramas – Derecho en Movimiento expusieron ante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales sus objeciones a los proyectos impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro, que proponen modificaciones al Código Procesal Penal y a distintas leyes vinculadas con seguridad y justicia.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al papel que asumirían las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de una detención. Las organizaciones advirtieron que permitir interrogatorios a personas sospechadas sin la presencia obligatoria de una defensa letrada podría debilitar el derecho constitucional de defensa y ampliar los márgenes de discrecionalidad policial. Para los expositores, el problema no se limita a una cuestión técnica, sino que plantea un debate sobre los límites que debe tener el Estado frente a una persona detenida.

Otro de los puntos señalados fue la creación de las denominadas “zonas de intervención policial especial”. Según plantearon ante los legisladores, la iniciativa podría habilitar intervenciones intensivas en determinados barrios bajo criterios que consideran imprecisos, con mayores facultades de vigilancia, controles y procedimientos.

Las organizaciones sostuvieron que una política de seguridad territorial de esas características debe contar con controles judiciales claros para evitar que la intervención sobre una zona termine alcanzando indiscriminadamente a quienes viven allí.

Las críticas también alcanzaron los mecanismos previstos para acelerar los procesos judiciales. En particular, cuestionaron la incorporación de nuevas modalidades de resolución de causas, entre ellas los juicios en ausencia y las condenas por decreto, además de advertir sobre los riesgos de un uso extendido del procedimiento abreviado.

Según argumentaron, la búsqueda de respuestas rápidas puede terminar afectando el derecho a un juicio justo, especialmente cuando la prisión preventiva funciona como factor de presión sobre las personas imputadas.

El planteo incluyó además el régimen penitenciario y el endurecimiento de las condiciones para detenidos considerados de alto perfil. Las entidades cuestionaron el enfoque que, según su interpretación, pone el acento en el castigo y la exposición pública antes que en las garantías durante el cumplimiento de una pena.

Con el tratamiento legislativo todavía en marcha, el debate sobre la reforma vuelve a poner en tensión dos objetivos que deberán convivir en la nueva normativa: mejorar las herramientas para enfrentar el delito y preservar los controles institucionales sobre el poder estatal.