El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y Tramas – Derecho en Movimiento expusieron ante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales.
El debate por la reforma del sistema penal santafesino sumó un fuerte contrapunto en la Cámara de Diputados. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y Tramas – Derecho en Movimiento expusieron ante las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales sus objeciones a los proyectos impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro, que proponen modificaciones al Código Procesal Penal y a distintas leyes vinculadas con seguridad y justicia.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al papel que asumirían las fuerzas de seguridad durante las primeras horas de una detención. Las organizaciones advirtieron que permitir interrogatorios a personas sospechadas sin la presencia obligatoria de una defensa letrada podría debilitar el derecho constitucional de defensa y ampliar los márgenes de discrecionalidad policial. Para los expositores, el problema no se limita a una cuestión técnica, sino que plantea un debate sobre los límites que debe tener el Estado frente a una persona detenida.
Otro de los puntos señalados fue la creación de las denominadas “zonas de intervención policial especial”. Según plantearon ante los legisladores, la iniciativa podría habilitar intervenciones intensivas en determinados barrios bajo criterios que consideran imprecisos, con mayores facultades de vigilancia, controles y procedimientos.
Las organizaciones sostuvieron que una política de seguridad territorial de esas características debe contar con controles judiciales claros para evitar que la intervención sobre una zona termine alcanzando indiscriminadamente a quienes viven allí.
Las críticas también alcanzaron los mecanismos previstos para acelerar los procesos judiciales. En particular, cuestionaron la incorporación de nuevas modalidades de resolución de causas, entre ellas los juicios en ausencia y las condenas por decreto, además de advertir sobre los riesgos de un uso extendido del procedimiento abreviado.
Según argumentaron, la búsqueda de respuestas rápidas puede terminar afectando el derecho a un juicio justo, especialmente cuando la prisión preventiva funciona como factor de presión sobre las personas imputadas.
El planteo incluyó además el régimen penitenciario y el endurecimiento de las condiciones para detenidos considerados de alto perfil. Las entidades cuestionaron el enfoque que, según su interpretación, pone el acento en el castigo y la exposición pública antes que en las garantías durante el cumplimiento de una pena.
Con el tratamiento legislativo todavía en marcha, el debate sobre la reforma vuelve a poner en tensión dos objetivos que deberán convivir en la nueva normativa: mejorar las herramientas para enfrentar el delito y preservar los controles institucionales sobre el poder estatal.
