El ejecutivo quiere que abogados públicos defiendan a policias acusados de violencia institucional
El debate por el paquete de reformas en el sistema de seguridad y justicia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de fuerte cruce político. Tras la iniciativa del Gobierno provincial para crear una unidad de abogados públicos dentro del Servicio Público Provincial de Defensa Penal destinada a patrocinar a policías investigados por delitos cometidos en servicio, surgieron severas advertencias en la Legislatura provincial.
Especialistas y legisladores coinciden en que la medida desvirtúa la función esencial del fuero de la defensa, cuya misión constitucional es garantizar la representación legal a ciudadanos vulnerables o sin recursos económicos, y no actuar como una estructura de cobertura legal para los agentes del Estado imputados en causas de violencia institucional.
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En ese sentido, desde la Cámara de Diputados santafesina se señalaron las incongruencias del proyecto al comparar la situación de la policía con la de otros empleados estatales. El diputado provincial Fabián Palo Oliver planteó que, así como un profesional de la salud pública que afronta una acusación por mala praxis debe costear su defensa técnica en forma particular, no corresponde que el Estado financie con fondos públicos la representación legal de uniformados involucrados en apremios ilegales u otros excesos.
“Empoderamiento bobo”, fallas en la política de seguridad y los nichos de corrupción
La discusión reabrió además el análisis sobre las políticas que la gestión provincial aplica sobre el personal policial. Las voces críticas sostienen que las medidas impulsadas hasta el momento terminan por respaldar a los sectores irregulares de la fuerza en lugar de fortalecer a los efectivos que cumplen con su deber. Para Palo Oliver, el proyecto forma parte de lo que definió como "un empoderamiento bobo que hace el gobernador Maximiliano Pullaro con las fuerzas policiales".
“Para empoderar a la policía hay que pagarle mejores salarios, disminuir la carga horaria y trabajar fuertemente contra los nichos de corrupción”, afirmó al respecto el diputado provincial en diálogo con Periódico Qué.
El legislador inscribió este proyecto en un "empoderamiento equivocado" de las fuerzas de seguridad y contrapuso el discurso oficial con los recientes avances judiciales que terminaron con mandos policiales detenidos por vínculos con el narcotráfico y el microtráfico en el territorio santafesino. “En la provincia, la mayoría de las tramas narco cuentan con complicidad o encubrimiento policial. Más que empoderar a la buena policía, este tipo de medidas termina protegiendo a los malos elementos”, argumentó.
Fabián Palo oliver. DIPUTADO PROVINCIAL
Alerta por facultades extraordinarias y control judicial
El cuestionamiento al patrocinio estatal para policías no es un hecho aislado, sino que forma parte de una preocupación más amplia sobre el sesgo institucional de las reformas vigentes. En la Legislatura se sigue con atención el conjunto de proyectos que buscan ampliar de forma sustancial los márgenes de acción policial en la vía pública.
Entre los puntos más polémicos se destacan las iniciativas para habilitar a las fuerzas de seguridad a concretar allanamientos e interrogatorios sin la presencia obligatoria de un abogado defensor ni la autorización o control directo del Poder Judicial.
Frente a este panorama, Palo Oliver advierte que la suma de estas atribuciones —junto a leyes que condicionan la libertad de expresión— “es parte de una política que tiene más que ver con los Estados totalitarios que con los Estados democráticos".
Como contrapropuesta, según el legislador, la verdadera jerarquización de la carrera policial pasa por otorgar derechos laborales plenos, posibilitar la representación sindical con las restricciones lógicas del servicio de seguridad y abrir ámbitos de negociación paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo.
