Categoría: Titulos Principales

De cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $58,2 representan distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El comportamiento responde principalmente al esquema de rendimientos, la exención tributaria local en actividades primarias y las ventajas logísticas en la distancia hacia los puertos. Al desglose por cultivo en suelo santafesino, la soja registra la mayor absorción impositiva sobre su renta con un 57,9%, seguida por el trigo con un 49,2%, el girasol con un 54,5% y el maíz con un 45,5%.

En términos absolutos por hectárea promedio en la provincia, la producción afronta costos por $937.882 y un costo de la tierra de $289.553. Asimismo, la masa tributaria aportada por hectárea se compone de $586.224 correspondientes a impuestos nacionales, $17.316 a tributos provinciales y $9.294 a tasas municipales, dejando un resultado económico para el productor de $233.870.

Así se constituyó la participación por cultivo para septiembre 2026. Crédito: FADEA

Un elemento central del análisis radica en la estructura del federalismo fiscal y la prevalencia de los tributos no coparticipables. A nivel nacional, el 55,6% de la carga tributaria total de una hectárea agrícola corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, encabezados por los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios, mientras que los impuestos nacionales coparticipables representan el 35,7%.

Los impuestos provinciales equivalen al 7,8% y las tasas municipales completan el 0,9%. Esta disparidad provoca que la mayor parte del flujo de recursos generado en los campos quede retenido por la Administración Nacional sin retornar directamente a los presupuestos provinciales o locales.

En el ámbito estricto de las finanzas subnacionales, Santa Fe no aplica el impuesto a los Ingresos Brutos sobre la producción primaria, compartiendo esta exención con la provincia de Córdoba. La masa tributaria provincial santafesina ($17.316/ha) se canaliza fundamentalmente a través del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto a los Sellos.

Mientras el Índice nacional es de 58,2%, Santa Fe registra un 53,9%. Crédito: FADEA

No obstante, a nivel local coexisten las tasas municipales y comunales (con un estimado de $9.294/ha), las cuales se fijan en su mayoría mediante fórmulas actualizadas en litros de gasoil para el sostenimiento de caminos rurales.

Finalmente, la estructura de costos provinciales exhibe ventajas comparativas en la logística de transporte gracias a la cercanía con el polo agroexportador del Gran Rosario. Mientras que en provincias mediterráneas como Córdoba, San Luis o La Pampa el flete absorbe entre el 20% y el 27% de los costos totales o hasta dos de cada diez camiones de maíz producido, en Santa Fe el flete representa el 17% de los costos del maíz y el 9,8% de su Valor Bruto de Producción (equivalente a un camión de cada diez).

Esta menor incidencia logística contribuye a preservar el margen bruto antes de impuestos y amortigua el impacto final de la presión fiscal sobre el productor local.

El ejecutivo quiere que abogados públicos defiendan a policias acusados de violencia institucional

El debate por el paquete de reformas en el sistema de seguridad y justicia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de fuerte cruce político. Tras la iniciativa del Gobierno provincial para crear una unidad de abogados públicos dentro del Servicio Público Provincial de Defensa Penal destinada a patrocinar a policías investigados por delitos cometidos en servicio, surgieron severas advertencias en la Legislatura provincial.

Especialistas y legisladores coinciden en que la medida desvirtúa la función esencial del fuero de la defensa, cuya misión constitucional es garantizar la representación legal a ciudadanos vulnerables o sin recursos económicos, y no actuar como una estructura de cobertura legal para los agentes del Estado imputados en causas de violencia institucional.

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En ese sentido, desde la Cámara de Diputados santafesina se señalaron las incongruencias del proyecto al comparar la situación de la policía con la de otros empleados estatales. El diputado provincial Fabián Palo Oliver planteó que, así como un profesional de la salud pública que afronta una acusación por mala praxis debe costear su defensa técnica en forma particular, no corresponde que el Estado financie con fondos públicos la representación legal de uniformados involucrados en apremios ilegales u otros excesos.

“Empoderamiento bobo”, fallas en la política de seguridad y los nichos de corrupción

La discusión reabrió además el análisis sobre las políticas que la gestión provincial aplica sobre el personal policial. Las voces críticas sostienen que las medidas impulsadas hasta el momento terminan por respaldar a los sectores irregulares de la fuerza en lugar de fortalecer a los efectivos que cumplen con su deber. Para Palo Oliver, el proyecto forma parte de lo que definió como «un empoderamiento bobo que hace el gobernador Maximiliano Pullaro con las fuerzas policiales».

“Para empoderar a la policía hay que pagarle mejores salarios, disminuir la carga horaria y trabajar fuertemente contra los nichos de corrupción”, afirmó al respecto el diputado provincial en diálogo con Periódico Qué.

El legislador inscribió este proyecto en un «empoderamiento equivocado» de las fuerzas de seguridad y contrapuso el discurso oficial con los recientes avances judiciales que terminaron con mandos policiales detenidos por vínculos con el narcotráfico y el microtráfico en el territorio santafesino. “En la provincia, la mayoría de las tramas narco cuentan con complicidad o encubrimiento policial. Más que empoderar a la buena policía, este tipo de medidas termina protegiendo a los malos elementos”, argumentó.

Fabián Palo oliver. DIPUTADO PROVINCIAL

Alerta por facultades extraordinarias y control judicial

El cuestionamiento al patrocinio estatal para policías no es un hecho aislado, sino que forma parte de una preocupación más amplia sobre el sesgo institucional de las reformas vigentes. En la Legislatura se sigue con atención el conjunto de proyectos que buscan ampliar de forma sustancial los márgenes de acción policial en la vía pública.

Entre los puntos más polémicos se destacan las iniciativas para habilitar a las fuerzas de seguridad a concretar allanamientos e interrogatorios sin la presencia obligatoria de un abogado defensor ni la autorización o control directo del Poder Judicial.

Frente a este panorama, Palo Oliver advierte que la suma de estas atribuciones —junto a leyes que condicionan la libertad de expresión— “es parte de una política que tiene más que ver con los Estados totalitarios que con los Estados democráticos».

Como contrapropuesta, según el legislador, la verdadera jerarquización de la carrera policial pasa por otorgar derechos laborales plenos, posibilitar la representación sindical con las restricciones lógicas del servicio de seguridad y abrir ámbitos de negociación paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo.

Entrevista a Fabián Palo Oliver, Diputado Provincial

El cuartel de los bomberos voluntarios y una parte del parque automotor para socorrer siniestros viales e incendios. Crédito: BV Laguna Paiva.

Sin embargo, la institución no ha podido retirar el camión por no disponer de los 16 millones de pesos necesarios para cubrir las tarifas de estadística, flete marítimo y estadía. Al respecto, el jefe del cuerpo activo, Horacio Saravia, remarcó la encrucijada institucional: «Nos encontramos frenados como institución por no poder hacer un pago de lo que son los aranceles de marítima y estadía en el puerto de Zárate que nos representan una inversión de 16 millones de pesos», narró a Telefé Santa Fe.

La imposibilidad de efectuar el pago obedece a la interrupción de los giros presupuestarios destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios por parte del Estado Nacional. El cuartel de Laguna Paiva arrastra el reclamo por atrasos en la liquidación de remanentes del año 2025, el no pago del subsidio 2026 y la falta de reintegro del IVA que se adeuda desde 2021.

Saravia precisó el origen de estos recursos y cuestionó la pasividad gubernamental: «Este dinero se genera con las pólizas de seguro que aporta el ciudadano; es una alícuota que sostiene el sistema. Venimos reclamando este dinero que, si bien está desde 2025, no es liberado a nivel nacional».

La retención del móvil afecta de manera directa la prestación del servicio en una de las jurisdicciones más amplias del territorio provincial, que abarca Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Llambi Campbell, Nelson, Campo Andino, Cayastacito, Emilia, San Pedro y parte de Monte Vera. El sector incluye importantes arterias viales con elevado índice de siniestralidad, entre ellas la Ruta Nacional 11 y las rutas provinciales 4, 6, 62 y 82.

Horacio Saravia, jefe del cuerpo activo de bomberos enla ciudad de Laguna Paiva. Crédito: Todos para Uno.

Explicando la necesidad operativa, el jefe del cuartel enfatizó: «Esta unidad viene a allanar una urgencia de demanda que hay en virtud a la accidentología en esta jurisdicción. Es muy importante contar con ella hoy no solo para accidentes, sino también para intervenciones rápidas como incendios de estructura».

El caso expone además las contradicciones entre los distintos organismos estatales que intervienen en la operatoria de importación. Mientras una dependencia del Estado interrumpe la asistencia técnica y económica estipulada por ley, la Aduana ejerce presión mediante emplazamientos para desocupar la terminal portuaria.

«Parece un poco burocrático porque en el camino tenemos dos organismos nacionales: uno que no libera los fondos y por otro lado Aduana que nos intima a retirar de manera urgente esa unidad», recriminó Saravia sobre una situación de parálisis presupuestaria que se replica en más de mil cuarteles de todo el país.

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, desde que asumió Milei el gas aumentó un 2.185%.

El impacto real que generará esta decisión en la economía cotidiana de las familias ya provocó una fuerte preocupación en la región. El cambio comenzó a incorporarse al nuevo esquema tarifario y podría verse reflejado en las facturas emitidas desde el 24 de septiembre.

“El extender la zona fría implicaba una mayor cantidad de subsidio con respecto al servicio del gas y ahora lo que se está haciendo es dar marcha atrás. Quitar el subsidio del 50% implica prácticamente un 100% de aumento en la tarifa”, advirtió con contundencia Fernando Dagatti, titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de San Lorenzo, en diálogo con Cordón Plus.

La quita del beneficio pone en una situación crítica a la población más vulnerable y a los asalariados golpeados por la inflación. “No pensaron en jubilados, pensionados ni en trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza; con un haber de 400 mil pesos, pagar 100 mil de gas más la luz y los medicamentos vuelve la situación sumamente compleja”, remarcó Dagatti, quien señaló además que la oficina que encabeza atiende a diario un volumen masivo de consultas ligadas al sobreendeudamiento de los vecinos.

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor instan a los usuarios a inscribirse para acceder a subsidios.

Frente a este complejo panorama que amenaza la subsistencia de las familias santafesinas, se recomienda recurrir con urgencia a los canales oficiales para gestionar la tarifa social. En ese marco, desde la Oficina de Defensa del Consumidor instan a los usuarios a inscribirse a través del portal Mi Argentina para verificar si cumplen los requisitos del régimen de subsidios, en un intento por amortiguar un tarifazo devastador que promete ahogar los presupuestos de la región de forma implacable.