Categoría: En el País

Según el INDEC, en julio de 2026, el índice de ventas totales tuvo una caída de 2,1% interanual.

En paralelo, las mediciones interanuales respecto a 2025 muestran un retroceso del 7%, ratificando que las compras familiares siguen en terreno negativo incluso tras descontar la inflación.

La retracción de las ventas afecta a las 24 jurisdicciones de la Argentina de manera generalizada, aunque exhibe marcadas asimetrías según el punto geográfico. El impacto más severo se localiza en el Norte argentino: el Nordeste (NEA) encabeza las pérdidas con un desplome del 32,8%, mientras que el Noroeste (NOA) anotó una contracción del 27,3%.

En el desglose por provincias, Formosa ostenta la mayor caída con una baja del 39,3%, seguida por Misiones con un 35,6%. En el polo opuesto, regiones como la Patagonia y la Pampeana sufrieron reducciones menores pero igualmente negativas, alcanzando el 10,9% y 11,2% respectivamente.

Este estancamiento comercial responde directamente al achicamiento del ingreso disponible en los hogares. Pese a que en varios distritos los sueldos del sector privado registrado lograron emparejar los niveles salariales de fines de 2023, la marcada suba en los gastos fijos ineludibles, como las tarifas de servicios públicos, el transporte, los alquileres, los combustibles y la medicina privada, absorbe la mayor parte del presupuesto. De este modo, las familias se ven obligadas a achicar sus erogaciones en alimentos y artículos esenciales al disponer de un sobrante financiero considerablemente menor.

El panorama se complica aún más al contemplar la dinámica del empleo y los datos oficiales del INDEC. La pérdida de más de 240.000 puestos asalariados en el sector privado formal, principalmente en la industria, la construcción y el comercio, ha golpeado de lleno el poder de compra general de la población.

Esta tendencia a la baja fue reconfirmada por el propio organismo oficial de estadística, cuyo último informe sobre góndolas constató una baja del 2,1% interanual en julio de 2026, consolidando un escenario donde el consumo masivo permanece lejos de dar señales claras de recuperación.

Fuente: Periódico Qué – Agencias

La industria textil profundiza su contracción, según reveló el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas. Crédito: Página 12.

Este escenario retrata la profunda recesión que afecta al ámbito fabril, donde el uso de la capacidad instalada cayó a niveles críticos y apenas roza el 45%, dejando a más de la mitad de las máquinas detenidas en las plantas de todo el país.

Caída del empleo y cierre de empresas

El impacto sobre el mercado laboral es uno de los aspectos más alarmantes del informe. Desde fines de 2023 se han perdido más de 28.000 puestos de trabajo formales a lo largo de toda la cadena de valor textil y de confección. A esta destrucción de puestos de trabajo se suma la desaparición de unidades productivas: el ahogo financiero y el desplome constante de los pedidos derivaron en el cierre definitivo de más de 500 establecimientos industriales en el último año.

Competencia desigual ante las importaciones

A las variables macroeconómicas locales se le sumó el impacto de la apertura comercial y el auge del comercio electrónico global. Plataformas internacionales como Shein y Temu ingresaron masivamente al mercado interno con productos a valores extremadamente bajos. Para las pymes y pequeños confeccionistas nacionales, competir contra este flujo de indumentaria importada resulta casi inviable, dado el esquema actual de costos de insumos y tarifas operativas que deben afrontar.

Temu y Shein ofrecen indumentaria a precios bajos y profundizan la competencia para los fabricantes nacionales.

Desplome de ventas y márgenes al límite

El desplome en las ventas, que según empresarios del rubro alcanza caídas de hasta un 60% en los comercios de cercanía, deja un margen nulo de maniobra para el sector. Con la pérdida del poder adquisitivo del consumidor golpeando de lleno la demanda y costos operativos que continúan en aumento, los fabricantes afirman que resulta imposible trasladar las subas a los precios finales sin provocar un congelamiento aún mayor del consumo.

Ante este panorama, referentes industriales alertan por un proceso de desindustrialización acelerado que amenaza la supervivencia de cientos de talleres y comercios sobrevivientes. Sin señales claras de reactivación del consumo interno ni de herramientas de resguardo comercial frente a las importaciones, el sector textil encara el tramo final del año en una situación límite y con sombrías perspectivas para el empleo regional.

Fuente: Peródico Qué – Agencias

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti

Las dos centrales sindicales —la CTA Autónoma, conducida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky— confirmaron una movilización conjunta hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia para el próximo martes 6 de octubre a las 15:00 horas. La medida de fuerza busca sumar el respaldo de otros gremios y organizaciones sociales bajo el lema: “La Patria no se vende. La Soberanía tampoco”.

La protesta se da como respuesta inmediata a la resolución del máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Dicha instancia inferior había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, la norma mediante la cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Advertencia por la soberanía del territorio

Desde las organizaciones sindicales manifestaron su preocupación respecto de las consecuencias inmediatas de la medida. «Este fallo tiene consecuencias concretas y muy graves para la vida de todos», advirtieron a través de un documento unificado, asegurando que la vigencia del DNU facilita el avance de capitales extranjeros sobre el territorio nacional y los recursos naturales.

Cabe destacar que la Ley 26.737 ponía un tope del 15% a la titularidad o posesión de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, un límite que queda sin efecto tras la decisión judicial.

El argumento de la Corte y la reacción del arco gremial

Para revocar el fallo de la justicia platense, la Corte Suprema sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) —entidad que había impulsado la demanda inicial— no contaba con la «legitimación procesal» suficiente para litigar y que no existía un «caso o controversia» concreto. Con ese argumento formal, el tribunal desestimó la acción sin pronunciarse sobre la validez ni sobre el fondo de la derogación del artículo en cuestión.

La convocatoria de las CTA formaliza el malestar que ya venían expresando otros sectores sindicales. En las últimas horas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta, la Federación Judicial Argentina manifestó su rechazo y la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado instando a la Cámara de Diputados a rechazar el DNU 70/2023. La marcha del martes 6 de octubre promete ser el primer gran acto unificado en las calles tras la resolución judicial.

La investigación desglosa el panorama en dos grandes vertientes. Por un lado se ubica el pluriempleo denominado «emergente», que engloba al 48% de los afectados y demanda las cargas horarias más extenuantes, con un promedio de 49 horas semanales (superando en un 22% de los casos las 60 horas).

En este grupo convergen profesionales del área tecnológica o financiera que buscan diversificar sus proyectos laborales, pero fundamentalmente trabajadores no calificados de rubros como el comercio, la industria, la gastronomía y la administración pública, quienes demandan horas extra desesperadamente ante el atraso de su sueldo base.

Por otro lado, el informe contempla el pluriempleo «tradicional», que representa el 52% restante de los casos y responde a la dinámica propia de sectores socioeducativos y de cuidados. Esta modalidad se concentra fuertemente en campos como la docencia, el sistema de salud y el empleo doméstico, donde un 77% de la nómina está integrada por mujeres.

A diferencia de las extensas jornadas del sector emergente, en esta rama la dedicación promedia las 36 horas semanales, aunque igualmente refleja la necesidad de articular múltiples contratos o prestaciones de servicios dentro del mes.

La pronunciada brecha entre ambas modalidades evidencia cómo la adición de horas de trabajo se transformó en la principal herramienta de subsistencia para los trabajadores argentinos. Mientras que el trabajo de doble jornada de baja calificación registró un crecimiento del 77% desde 2017 hasta la fecha, explicando más de la mitad del aumento global del fenómeno, la informalidad en este segmento roza el 39%.

El mapa laboral argentino concluye así en un escenario donde tener un empleo formal a tiempo completo ya no garantiza la cobertura de las necesidades esenciales de un hogar.

Fuente: Periódico Qué – Agencias

Javier González Fraga ex presidente del Banco de la Nación Argentina. Su gestión entregó a Vicentin casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos de agosto a diciembre de 2019.

La resolución funciona en la práctica como una llamada de atención que genera antecedentes administrativos, pero deja indemne el patrimonio tanto de la entidad oficial como de las personas involucradas.

El sumario financiero determinó que, durante 2019, la banca pública incurrió en un persistente exceso en los límites de exposición crediticia permitidos. Según los registros oficiales del organismo, la sobreexposición hacia la compañía santafesina llegó a un pico de $4.425 millones por encima del margen legal permitido en agosto de dicho año.

Tras los reiterados llamados para que regularizara la situación, las explicaciones remitidas en octubre de 2019 por las autoridades del banco oficial terminaron por confirmar que el principal factor del incumplimiento normativo provenía del financiamiento concedido a Vicentín, lo que derivó en la apertura formal del expediente.

Para atenuar la escala del castigo y declinar las sanciones monetarias, el BCRA argumentó la presencia de diversos factores mitigantes en la actuación de los implicados. En su dictamen, la entidad reguladora evaluó que las deficiencias detectadas no formaron parte de una maniobra orientada a fraguar información ni a ocultar deliberadamente los excesos ante la supervisión técnica.

Manifestaciones durante 2020 en rechazo al anuncio de intervención y expropiación de Vicentin por parte del Gobierno nacional.

Asimismo, la conducción del Central remarcó que la crisis de liquidez y el posterior colapso de la firma agroindustrial, sobrevenido hacia fines de 2019, constituyeron un evento cuyos alcances resultaban difíciles de prever íntegramente al momento de otorgar los desembolsos.

La medida disciplinaria recayó tanto sobre la propia institución bancaria estatal como sobre un grupo de ex directivos, entre los que figura el ex presidente del BNA, Javier González Fraga, junto a otros ocho ex funcionarios de su gestión. Mientras que la conducción del período en cuestión sumó apercibimientos formales a su legajo, el Central extendió simples llamados de atención a personal técnico secundario.

Para justificar el encuadre institucional de la sanción, las autoridades ponderaron también el carácter público del Banco Nación y su condición estratégica como principal agente financiero del Estado.

Ingreso al Complejo Industrial Avellaneda de la empresa agroindustrial Vicentin S.A.I.C.

Con la clausura del sumario en el plano regulatorio, el caso Vicentin resuelve su arista administrativa dentro del sistema bancario, de manera paralela al proceso de salvataje que encaró la empresa y a los expedientes judiciales que investigan supuestas connivencias delictivas entre funcionarios del banco y directivos de la firma.

En forma independiente de este cierre en el Banco Central, las actuaciones de la Justicia penal continuarán su curso para deslindar posibles responsabilidades criminales por la millonaria deuda que la agroexportadora contrajo con el Estado.

Fuente: Periódico Qué – Agencias