El pésimo estado de las rutas nacionales que llegan a los puertos del cordón industrial santafesino.
Las cifras detrás de la maniobra revelan un desvío de fondos astronómico que deja al desnudo la estrategia oficial. Documentación reconstruida por el sindicato demuestra que, mientras se recaudaron más de 1,5 billones de pesos destinados específicamente por ley al mantenimiento de la infraestructura, solo un porcentaje mínimo se volcó al asfalto.
Más de un billón de pesos cosechados con impuestos viales permanecieron congelados en plazos fijos y títulos públicos, un dinero retenido por la cartera económica para inflar artificialmente las cifras del superávit fiscal a costa de la seguridad en los caminos.
La paradoja del plan privatizador roza lo insólito cuando se contrapone la exigencia técnica con la tijera del ajuste. Mientras la Casa Rosada pretende sumar 26 nuevos tramos a las concesiones privadas y le exige a Vialidad Nacional auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, de forma simultánea activa programas de retiros voluntarios para desmantelar su planta orgánica. "No se puede pedir más control con menos personal ni achicar la estructura estatal para después argumentar que el Estado es ineficiente", recriminó con dureza la titular del gremio, Graciela Aleñá.
Trabajadores denuncian desfinanciamiento en Vialidad Nacional y alertan sobre el riesgo de paralización de obras y privatización.
El panorama actual sobre las calzadas nacionales roza el colapso operativo: de los 40.000 kilómetros que integran la red, el 70% presenta un estado de conservación deficiente que requiere intervenciones urgentes.
La parálisis de las obras públicas de bacheo y repavimentación convierte a las rutas en verdaderas trampas mortales, afectando directamente al transporte de cargas, al turismo y a la conectividad entre las economías regionales. Lejos de ser un problema de falta de presupuesto, la degradación de los corredores aparece como una decisión política de abandono calculado.
La resistencia sindical promete profundizarse frente a un modelo que evalúa la infraestructura básica con parámetros de pura rentabilidad privada. El gremio de viales dejó en claro que no avalará una secuencia repetida en la historia argentina: desfinanciar, paralizar, vaciar de profesionales el organismo público y luego usar la ruina resultante para rematar el patrimonio nacional.
La batalla por las carreteras entra así en una etapa decisiva, donde el peaje privado pretende erigirse como la única salida ante un Estado que decidió retirarse del asfalto.
Fuente: Periódico Qué - Agencias
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