Un conjunto de organizaciones sociales, ambientales y políticas de la ciudad de Santa Fe se presentaron este miércoles en el Concejo Municipal para solicitar la habilitación de la Banca Ciudadana, una herramienta democrática de participación consagrada en el reglamento interno que permite a los autores de iniciativas populares argumentar y defender sus proyectos de manera directa ante los ediles.
La acción se enmarca en el proyecto de ordenanza presentado el mes pasado —impulsado por cerca de una docena de organizaciones— que exige que el municipio adhiera de forma explícita a la Ley Provincial de Humedales, una medida que busca frenar los cambios normativos sobre los ecosistemas ribereños locales.
«Modificar entornos sin respetar las leyes»
En diálogo Periodico Qué, Liliana Berraz, integrante de Manzanas Solidarias y Asamblea por el Derecho a al Ciudad, advirtió sobre la gravedad de las modificaciones que la gestión municipal pretende implementar en los bordes urbanos ribereños.
«Esto debería ser de hecho, ya que la municipalidad tiene que sí o sí respetar leyes de mayor jerarquía. Pero dado este proyecto que nosotros estamos viendo con muchísima preocupación, que es el de modificar entornos urbanos ribereños —que en realidad son humedales—, queremos que la municipalidad antes de tomar cualquier decisión lea la ley, la adhiera expresamente y la respete», señaló Berraz.
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Asimismo, las organizaciones recalcaron que la preocupación se fundamenta en antecedentes recientes dentro del distrito. Berraz ejemplificó que, en zonas del norte como Playa Norte, ya se han registrado modificaciones en el régimen urbano que transformaron áreas de alto valor ecológico y sistémico. Según detalló, la instalación de obras como reservorios sobredimensionados —muchas veces por fuera de las defensas y sin sustento técnico adecuado— pone en evidencia el riesgo de habilitar proyectos de índole inmobiliario que alteran la función defensiva y natural de los humedales santafesinos.
Un conflicto que viene escalando
Este nuevo paso legislativo profundiza los reclamos que las entidades del hábitat y la ecología vienen sosteniendo desde el año pasado, cuando se alertó que la actualización del Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU) y la creación de comisiones especiales del Ejecutivo ponían bajo riesgo una porción significativa de los humedales que componen el ejido de la capital provincial.
Con la activación de la Banca Ciudadana, las organizaciones buscan abrir un canal de debate de cara a la comunidad y exigir a los concejales locales un posicionamiento firme en defensa del patrimonio ambiental, el uso público de las costaneras y la preservación de los sistemas hídricos que protegen a toda la región.
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