Movilización frente a la legislartura (Foto: mariana steckler)
Un nuevo femicidio sacudió este viernes a la ciudad de Santa Fe y volvió a chocar contra una realidad que organizaciones feministas, sociales y gremiales denuncian desde hace meses en las calles: la falta de respuestas urgentes y la postergación de la declaración de la emergencia en violencia de género por parte del oficialismo provincial.
Según los primeros datos oficiales y de la investigación, el hecho ocurrió esta mañana en una vivienda de calle Corrientes al 4100, en barrio Alfonso. Allí, un efectivo policial de 28 años, identificado como Marcelo Romero, asesinó a balazos a su pareja, Romina Benítez, de 27 años y también integrante de la fuerza, y posteriormente se quitó la vida antes de la llegada de los patrulleros. En el lugar trabajaron peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y tomó intervención la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres del MPA.
Con este episodio, se trata del segundo femicidio registrado en la capital provincial en lo que va de la semana y eleva a cuatro los casos de femicidios seguidos de suicidio contabilizados en la ciudad de Santa Fe durante 2026, sobre un total de 11 hechos de ese tipo en toda la provincia —donde el Observatorio de MuMaLá ya registra 50 femicidios en lo que va del año—.
Una exigencia que choca con las postergaciones
El crimen de este viernes se produce apenas 24 horas después de que organizaciones feministas, sindicales y sociales volvieran a concentrarse frente a la Legislatura santafesina para exigir celeridad en el tratamiento de los proyectos de emergencia en violencia de género. La protesta se sumó a la realizada quince días atrás, el 5 de noviembre, cuando distintos espacios ya habían advertido sobre la urgencia de aprobar una herramienta excepcional ante el avance de los crímenes machistas.
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Tal como consignó este medio en aquella cobertura de principios de mes, la discusión quedó entrampada en la Cámara de Diputados luego de que la coalición gobernante Unidos no acompañara con su firma el dictamen de mayoría en la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades, obligando a emitir un dictamen en minoría.
Ayer, tras una nueva ronda de reuniones y movilizaciones en las puertas de la Legislatura, el debate volvió a postergarse. Mientras los bloques opositores y las organizaciones sostienen que declarar la emergencia es indispensable para destinar recursos reales, ampliar la prevención y reforzar los dispositivos territoriales —especialmente en municipios y comunas sin equipos suficientes—, el oficialismo impulsa avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado y propone un sistema de evaluación de riesgo, un registro digital único y un fondo para asistencia urgente, sin declarar la emergencia.
Cifras que desnudan la urgencia
Al momento de la movilización de este jueves, los registros difundidos por las organizaciones daban cuenta de 49 femicidios hasta ayer (hoy 50) y 87 intentos de femicidio en territorio santafesino desde el 1° de enero, con Rosario y la ciudad de Santa Fe encabezando el mapa provincial. Con el hecho de barrio Alfonso, la estadística vuelve a crecer en la capital provincial.
Rumbo al 25 de noviembre —Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres— y con el cierre del año legislativo cada vez más cerca, el reclamo de las organizaciones se resume en una pregunta que vuelve a cobrar peso tras cada crimen: cuántas muertes más hacen falta para que el Estado provincial asuma la dimensión de la crisis y dé una respuesta a la altura de la emergencia.



