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Títulos de hoy

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octubre 5, 2026 9:30 pm
Para lo que pasa.
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En el País Titulos Principales

El Banco Central cerró el sumario contra el Nación por el caso Vicentin: solo aplicó apercibimientos y evitó sanciones económicas

Javier González Fraga ex presidente del Banco de la Nación Argentina. Su gestión entregó a Vicentin casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos de agosto a diciembre de 2019.

La resolución funciona en la práctica como una llamada de atención que genera antecedentes administrativos, pero deja indemne el patrimonio tanto de la entidad oficial como de las personas involucradas.

El sumario financiero determinó que, durante 2019, la banca pública incurrió en un persistente exceso en los límites de exposición crediticia permitidos. Según los registros oficiales del organismo, la sobreexposición hacia la compañía santafesina llegó a un pico de $4.425 millones por encima del margen legal permitido en agosto de dicho año.

Tras los reiterados llamados para que regularizara la situación, las explicaciones remitidas en octubre de 2019 por las autoridades del banco oficial terminaron por confirmar que el principal factor del incumplimiento normativo provenía del financiamiento concedido a Vicentín, lo que derivó en la apertura formal del expediente.

Para atenuar la escala del castigo y declinar las sanciones monetarias, el BCRA argumentó la presencia de diversos factores mitigantes en la actuación de los implicados. En su dictamen, la entidad reguladora evaluó que las deficiencias detectadas no formaron parte de una maniobra orientada a fraguar información ni a ocultar deliberadamente los excesos ante la supervisión técnica.

Manifestaciones durante 2020 en rechazo al anuncio de intervención y expropiación de Vicentin por parte del Gobierno nacional.

Asimismo, la conducción del Central remarcó que la crisis de liquidez y el posterior colapso de la firma agroindustrial, sobrevenido hacia fines de 2019, constituyeron un evento cuyos alcances resultaban difíciles de prever íntegramente al momento de otorgar los desembolsos.

La medida disciplinaria recayó tanto sobre la propia institución bancaria estatal como sobre un grupo de ex directivos, entre los que figura el ex presidente del BNA, Javier González Fraga, junto a otros ocho ex funcionarios de su gestión. Mientras que la conducción del período en cuestión sumó apercibimientos formales a su legajo, el Central extendió simples llamados de atención a personal técnico secundario.

Para justificar el encuadre institucional de la sanción, las autoridades ponderaron también el carácter público del Banco Nación y su condición estratégica como principal agente financiero del Estado.

Ingreso al Complejo Industrial Avellaneda de la empresa agroindustrial Vicentin S.A.I.C.

Con la clausura del sumario en el plano regulatorio, el caso Vicentin resuelve su arista administrativa dentro del sistema bancario, de manera paralela al proceso de salvataje que encaró la empresa y a los expedientes judiciales que investigan supuestas connivencias delictivas entre funcionarios del banco y directivos de la firma.

En forma independiente de este cierre en el Banco Central, las actuaciones de la Justicia penal continuarán su curso para deslindar posibles responsabilidades criminales por la millonaria deuda que la agroexportadora contrajo con el Estado.

Fuente: Periódico Qué – Agencias

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En el País Temas de Hoy

La dictadura de los expedientes cajoneados: el obsceno esquema que absolvió al 98,7% de los jueces denunciados por corrupción

Horacio Rosatti preside el Consejo de la Magistratura de la Nación desde abril de 2022.

El relevamiento analiza la actividad del Consejo de la Magistratura de la Nación a lo largo de casi tres décadas, contemplando los expedientes iniciados entre 1999 y agosto de 2026. Los números revelan una contundencia alarmante: de más de 5.100 denuncias presentadas contra jueces y juezas federales y nacionales, apenas el 1,3% de los casos cerrados derivaron en alguna medida punitiva o en la remoción del cargo.

De ese reducido grupo de magistrados alcanzados por una penalidad, la inmensa mayoría recibió únicamente sanciones menores, como aparatosos apercibimientos o multas económicas, dejando las destituciones reducidas a una cifra marginal.

Más allá de las estadísticas finales, el estudio saca a la luz los profundos engranajes burocráticos que propician que la mayor parte de las causas queden en la nada. Uno de los factores más determinantes es la caducidad por el mero transcurso del tiempo; casi medio millar de expedientes fueron archivados simplemente porque vencieron los plazos legales sin que el organismo avanzara en la investigación.

Esta inacción institucional genera una prescripción de hecho que clausura cualquier posibilidad de llegar a la verdad sobre los hechos denunciados. A la lentitud administrativa se suman barreras estructurales que impiden un control democrático efectivo por parte de la sociedad.

La falta de transparencia en la asignación de los expedientes, las trabas para acceder a la documentación pública y la imposibilidad de que los denunciantes intervengan o impulsen las actuaciones convierten al proceso en un circuito hermético. A pesar de que las normas vigentes exigen el libre acceso a la información en estas materias, las solicitudes de los ciudadanos chocan habitualmente contra un muro de opacidad e indefinición.

Fuente: Periódico Qué – justiciaintocable.acij.org.ar

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En el País Gremiales Titulos Principales

El gran censor argentino: la insólita cláusula de Clarín para acallar a los trabajadores que hablen de su sueldo

Redacción del diario Clarín. Crédito: Delegados Clarín.

Con esta maniobra, la patronal pretende imponer una confidencialidad forzada sobre los salarios, abriendo la puerta a posibles sanciones disciplinarias contra quienes rompan el cerco del silencio.

Esta medida de control y amedrentamiento no es casual ni inocente. «El objetivo de la empresa es claro: evitar que se visibilice que uno de los grupos multimediáticos más poderosos de la región, que reparte dividendos millonarios en dólares entre sus accionistas, paga sueldos que no llegan a cubrir la canasta básica», expresaron mediante un comunicado desde la comisión interna del diario.

El pólemico párrafo del documento que generó un amplio rechazo de trabajadoras y trabajadores del grupo. Crédito: Delegados Clarín.

Al prohibir el diálogo entre los trabajadores, la dirección busca impedir que salgan a la luz las arbitrariedades de su política salarial, donde coexisten enormes brechas de remuneración por realizar exactamente la misma tarea.

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar ante lo que consideran un atropello ilegal y anticonstitucional. Reagrupados en asamblea, el personal de Clarín/AGEA votó de manera unánime el rechazo rotundo a este código de ética y exigió a la dirección la inmediata rectificación y modificación del texto.

Desde la representación gremial remarcaron que el salario es propiedad de los trabajadores y que ningún reglamento interno puede cercenar la libertad de hablar libremente sobre sus propias condiciones de vida.

Los trabajadores de AGEA, en asamblea, votando de manera unánime rechazar las nuevas políticas internas que busca imponer la empresa. Crédito: Delegados Clarín.

Frente al intento de la empresa de silenciar los reclamos mediante aprietes normativos, la asamblea se declaró en alerta y advirtió que no dudará en iniciar las acciones judiciales correspondientes si la compañía insiste en aplicar estas cláusulas extorsivas.

Enero 2026. Las redacciones de Clarín, Olé, portales, suplementos y revistas de AGEA defendiendo la ley que protege las condiciones laborales. Crédito: Delegados Clarín.

El conflicto deja al descubierto la doble moral de Clarín: mientras se autoproclama defensor de la libertad de expresión hacia el afuera, intenta imponer un régimen de censura, persecución y opacidad hacia el interior de su propia redacción.

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En el País Titulos Principales

El Gobierno oficializó el fin de la protección laboral y deja los despidos a merced del mercado

El nuevo esquema comenzará a operar desde el 1° de noviembre de 2026.

Aunque desde el discurso oficial se presenta como una modernización que da previsibilidad a las empresas, la letra chica expone un claro retroceso en materia de tutela laboral. Al convertir un derecho consagrado en un instrumento administrado por el mercado financiero, la reforma introduce severas condicionalidades y riesgos que impactan directamente sobre el eslabón más débil de la relación de trabajo.

La pérdida más sustancial para los asalariados radica en la fragmentación de la protección del empleo. Bajo el nuevo régimen, únicamente tendrán cobertura aquellos asalariados registrados que cuenten con una antigüedad previa declarada no menor a 12 meses.

Esto significa que cualquier trabajador despedido durante su primer año de servicio queda excluido del amparo del fondo, dejando desprotegidos a los ingresantes y fomentando un esquema donde la rotación laboral temprana corre completamente por cuenta del dependiente. Además, se impone un «periodo de carencia» de seis meses desde que las patronales inician los aportes, congelando las prestaciones en la fase de empalme.

A esta limitación se suma la transferencia del riesgo hacia los fondos de inversión. El dinero que debería garantizar la indemnización inmediata pasa a colocarse en fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión negociados en el mercado financiero local. De esta forma, el respaldo económico del trabajador queda sujeto a las oscilaciones de la economía, la devaluación y la rentabilidad de los títulos de deuda.

Si bien la normativa formal señala que la empresa mantiene la responsabilidad final del pago, la liquidez y la celeridad que caracterizaban a la indemnización legal quedan diluidas entre intermediarios bancarios que cobran comisiones por administrar esos recursos.

En febrero de este año el Gobierno logró la sanción de la reforma laboral.

Otro perjuicio clave es la anulación del poder disuasivo del despido directo. En la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización actúa como un desincentivo económico para que el empleador no rompa el vínculo sin una causa justificada. Al externalizar este costo mediante contribuciones mensuales continuas, a las empresas les resulta sensiblemente más barato y simple desvincular personal, abriendo la puerta a una mayor precarización laboral y a una mayor inestabilidad de los puestos de trabajo.

Finalmente, el universo de la informalidad laboral vuelve a quedar totalmente relegado. La norma excluye expresamente a los empleados no registrados, quitándoles cualquier expectativa de regularización e indemnización por esta vía y agravando la brecha existente en el mercado de trabajo.

Con la puesta en marcha fijada para noviembre de 2026, el panorama reafirma un cambio de paradigma donde la indemnización deja de ser una garantía resarcitoria para el trabajador y pasa a constituir un fondo de liquidez financiera al servicio de las empresas.

Fuente: Periódico Qué – Agencias

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El Patriarca de la Federación al altar de la Patria: «Hoy Santa Fe tiene a su héroe nacional»

El autor de esta pintura del Brigadier López, confeccionada en 1986, es el reconocido artista plástico e ilustrador Juan Arancio. Retoques realizados con IA.

Desde el Congreso, en diálogo exclusivo con Periódico Qué, el titular de la entidad destacó el trabajo articulado con referentes políticos e instituciones para lograr esta meta trazada desde hace años. Entre los agradecimientos, Fernández mencionó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, la senadora nacional Carolina Losada, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, integrantes del gabinete local como Víctor Hadad y la Mesa Coordinadora Federal. «Cierra en sí una reivindicación y una reubicación del Brigadier en el salón de los héroes nacionales junto a Belgrano, San Martín y el Almirante Brown», afirmó sobre esta victoria institucional.

En su mensaje, Fernández subrayó el rol pionero del caudillo santafesino en la soberanía nacional, recordando la reciente aparición de documentación histórica decisiva. «El pueblo argentino va a empezar a saber quién fue el Brigadier, quien puso dentro de la defensa de las islas Malvinas sus primeras cartas en 1833 y una tercera carta descubierta hace poco donde denunciaba el ataque atroz de una cañonera norteamericana», puntualizó, destacando su legado en la defensa de la patria, la educación y el federalismo.

Ariel Fernández, presidente del instituto lopeciano, Víctor Hadad, Coordinador del Gabinete municipal, Roberto Mirabella, diputado nacional mandato cumplido, Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad de Santa Fe y asesores de la senadora nacional Carolina Losada esperando la votación final. Crédito: Instituto Lopeciano.

Dirigiéndose a las nuevas generaciones, el presidente de la entidad instó a la juventud a adentrarse en la vida de la figura histórica local para dimensionar su impacto en la construcción de la República Argentina. «Hoy Santa Fe tiene su héroe nacional. Empiecen a palpar y a degustar quién fue el Brigadier, y van a ver que paso a paso se van a empezar a enamorar de su figura y del estratega que era», expresó con entusiasmo.

Ariel Fernández junto a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Crédito: Instituto Lopeciano.

Finalmente, Fernández concluyó con un sentido mensaje para todos los santafesinos, asegurando que se dio un paso definitivo en la justicia histórica del país. «Hoy mi día es completo, me puedo ir tranquilo a dormir porque lo hecho, hecho está; hoy sí se impartió justicia y el Brigadier es héroe nacional», sentenció el dirigente, anticipando además que en los próximos días brindarán una conferencia de prensa para detallar las próximas acciones institucionales.

Audio: Ariel Fernández – Presidente del Instituto Lopeciano

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Marines de EE.UU. realizan trabajos de entrenamiento en Tierra del Fuego sin aval del Congreso

La Armada Argentina confirmó el martes que ocho marines de la Infantería de Marina de los Estados Unidos se encuentran en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego desde el 08 de septiembre pasado donde están desarrollando ejercicios de entrenamiento junto a efectivos del Batallón de Infantería de Marina (BIM) Nº 4 de la Argentina.

Según la información difundida por el periódico de la Armada, Gaceta Marinera, los ejercicios conjuntos se extenderán hasta el martes de la próxima semana.

Los ejercicios conjuntos se centran en técnicas para operar en ambientes de baja montaña y frío extremo.

La Armada tuvo que salir a confirmar la noticia luego de que el portal Agenda Malvinas denunciara la existencia de “un mecanismo aceitado de relevos militares del Comando Sur, con contingentes de entre 20 y 30 efectivos estadounidenses que despliegan junto a integrantes del BIM 4, ejercicios de reconocimiento en los valles y glaciares fueguinos y transfieren pertrechos a espaldas del Parlamento nacional”.

Desde la Armada aseguraron que la actividad es un “intercambio de expertos en zonas de clima frío”. La fuerza sostiene que se trata de un grupo reducido de instructores y especialistas que participa de talleres teóricos y prácticos y comparte técnicas con personal argentino.

Entre las actividades informadas figuran prácticas con crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención, además de técnicas de supervivencia y movilidad en condiciones de frío extremo. El objetivo señalado por la Armada es el de “compartir experiencias y procedimientos para el desenvolvimiento en este tipo de ambiente geográfico”.

La Gaceta Marinera señaló además que los intercambios entre las Armadas argentina y estadounidense se realizan en Ushuaia desde 2017, sobre la base de un marco de cooperación acordado en reuniones bilaterales.

Pedido de informes

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, Cristina López, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei explique y entregue documentación sobre la presencia de infantes de marina de Estados Unidos en Ushuaia.

“La presencia está confirmada. Lo que falta es que el Gobierno explique su alcance y muestre los documentos. Que digan que estos intercambios tienen antecedentes no los libera de explicar lo que está pasando hoy. Queremos saber si terminan en la fecha anunciada o si sale un grupo y entra otro. Esa pregunta necesita una respuesta concreta”, remarcó López.

La iniciativa también reclama un detalle del equipamiento ingresado, incluyendo la eventual presencia de armas, sensores, drones y sistemas de comunicaciones. Pide precisar si todo ese material saldrá del país o si quedará almacenado en Tierra del Fuego, bajo qué responsabilidad y con qué autorización. Además, solicita conocer qué información recibieron el Gobierno provincial y las autoridades locales.

Fuente: Minuto Uno

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«Pueblos fantasmas y tranqueras cerradas»: la Federación Agraria alertó sobre una catástrofe social y económica en el campo argentino

El proceso de concentración de la tierra expulsa a los pequeños chacareros.

Así lo advirtió el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando, quien trazó un preocupante panorama sobre la realidad económica y social del campo argentino.

En diálogo con Canal E, el dirigente ruralista remarcó que la crisis afecta principalmente a la escala más baja de la producción nacional. «Cada vez hay menos productores agropecuarios y este no es un fenómeno nuevo, sino la consecuencia de años de políticas que benefician la concentración», sostuvo.

Asimismo, enfatizó que las exigencias del mercado actual, sumadas a la falta de financiamiento accesible, empujan a las unidades familiares a alquilar sus tierras a grandes grupos concentrados o, en el peor de los casos, a venderlas definitivamente.

El representante de la entidad gremial profundizó en las razones que derivan en esta sangría de agricultores y ganaderos. «Hoy un pequeño productor no tiene margen de error; cualquier inclemencia climática o salto en los costos de los insumos lo deja fuera del sistema», afirmó con contundencia.

Del mismo modo, resaltó la urgencia de diferenciar a los actores de la cadena agropecuaria, al señalar que «no se le puede exigir lo mismo a un chacra de 100 hectáreas que a un gran pool de siembra que opera miles de hectáreas».

Durante la entrevista, el referente de la FAA también hizo hincapié en el impacto social que produce la deserción de los productores en los pueblos rurales. «Cuando se cierra una tranquera, no solo se pierde producción, se pierde una familia en el arraigo rural, se resiente el comercio local y los pueblos del interior empiezan a quedarse sin vida», alertó el entrevistado.

Año 2023. Reclamos de la Federación Agraria en todo el país por la situación de los pequeños productores.

Para graficar la gravedad de la situación, advirtió que el relevamiento continuo de la entidad muestra una disminución constante en el padrón de productores activos en las principales provincias productivas.

Finalmente, el vicepresidente de la Federación Agraria hizo un llamado de atención a las autoridades nacionales para revertir esta tendencia antes de que el daño sea irreversible. «Si no hay una reforma tributaria segmentada, crédito fomento para el pequeño productor y un esquema de contención real, la figura del chacarero tradicional va camino a desaparecer», concluyó.

De esta manera, el sector cooperativo y pequeño productor reitera su reclamo por un modelo agrario más inclusivo que garantice la diversidad de actores en el campo argentino.

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Mujeres solas en tiempos de crisis: El costo de criar a un hijo se dispara y reaviva la grieta de la cuota alimentaria

Según los datos oficiales, la canasta osciló entre los $557.303 y los $713.070 mensuales, dependiendo de la franja etaria.

Esta aceleración en los gastos vinculados al desarrollo infantil superó a la inflación general del mismo período, impulsada principalmente por el encarecimiento de los insumos esenciales y las prestaciones de servicios enfocados en la infancia.

El informe oficial revela una escala de montos que varían de forma proporcional según la franja etaria del menor. Durante el octavo mes del año, la manutención de lactantes menores de un año alcanzó los $557.303, exhibiendo un incremento del 2,1% respecto al mes anterior.

En el tramo de 1 a 3 años, el costo total se ubicó en $663.900, manteniendo la misma variación porcentual. En tanto, para la franja de 4 a 5 años la suba escaló al 2,3% ($567.243), mientras que el mayor impacto económico se dio en el segmento de 6 a 12 años, donde el presupuesto trepó un 2,4% para situarse en los $713.070 mensuales.

La metodología implementada para este relevamiento contempla dos componentes fundamentales: el consumo directo de bienes y servicios y la valorización del tiempo de cuidado. Para calcular el primer aspecto, la entidad estadística toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, incorporando gastos esenciales como alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud.

Por su parte, la estimación del cuidado cuantifica las horas requeridas para la atención directa del menor, valuadas según las escalas salariales vigentes para el personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

Canasta de crianza del INDEC para su medición de agosto 2026.

A pesar del piso que imponen los servicios no alimentarios, la distribución del gasto refleja prioridades muy marcadas según la edad del niño. En el caso de los lactantes, más de dos tercios del monto total estimado responden al valor implícito de las horas de atención y cuidado que demandan sus primeros meses de vida.

Sin embargo, a medida que los menores crecen y se escolarizan, la balanza se inclina progresivamente hacia los bienes de consumo y la cuota educativa, transformando el gasto material en el principal motor de aumento para las familias con niños en edad primaria.

El incremento continuado en la canasta de crianza reaviva el debate sobre la corresponsabilidad parental y la brecha de género en los hogares. En la práctica, la carga del cuidado y la manutención suele quedar desproporcionadamente en manos de las mujeres debido al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de muchos progenitores tras una separación.

Frente a este escenario, diversos especialistas señalan que los costos económicos y de tiempo no solo impactan de lleno en el bienestar diario de los hogares monoparentales, sino que inciden de manera directa en la planificación familiar y las dinámicas demográficas del país.

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El Gobierno pone la mira en Fabricaciones Militares y busca apretar el gatillo privatizador

La planta de fabricaciones militares en fray luis beltrán instalada en 1926 produce municiones, armas y chalecos antibalas

Uno de los aspectos más preocupantes es la interrupción del engranaje productivo interprovincial que históricamente caracterizó al organismo. Al respecto, se advierte sobre la pérdida de sinergia entre las distintas sedes del país.

«Cuando vos vendés la munición en Fray Luis Beltrán, implica que hiciste trabajar a Río Tercero e implica que hiciste trabajar a Villa María; era todo encadenado. Hoy Villa María está con serios problemas; está vendiendo materia prima para el explosivo, no vende el explosivo terminado», sostuvo en diálogo con Aire Libre 91.3, Iván Durigón, ex presidente de Fabricaciones Militares.

La parálisis también se evidencia en la falta de elaboración de productos finales terminados y en el freno de proyectos que habían sido reactivados recientemente. Sobre el estado actual de las plantas y la oferta de equipamiento, señaló que «hoy están trabajando reciclando munición vieja o algo de lo que habíamos dejado nosotros. Chalecos no se vendió uno más. Azul la habíamos abierto a mediados del año 2023 y eso se cerró como parada técnica y nunca más se volvió a abrir; hoy no produce, está parada con mínimos de personal».

Este panorama de inactividad técnica y descapitalización es utilizado tanto por sectores que impulsan la privatización de la compañía, argumentando que el Estado no debe sostener estructuras deficitarias e ineficientes, como por quienes defienden su carácter estratégico.

Para estos últimos, el desmantelamiento operativo no es fruto de la incapacidad del modelo público, sino de una decisión política orientada a justificar su posterior venta o desguace al sector privado.

VILLA MARÍA. TRABAJADORES SE MANIFESTARON FRENTE A LO QUE VEN COMO UN PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y EXTRANJERIZACIÓN. CRÉDITO: ATE.

En este escenario, el futuro de Fabricaciones Militares se encuentra en una encrucijada decisiva. Mientras el debate ideológico y económico entre la privatización y la estatización continúa en la agenda política, la realidad de las plantas paralizadas y el personal reducido impacta de manera directa en las economías regionales de las localidades afectadas y en la autonomía estratégica del país.

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La pionera defensa del Brigadier Estanislao López a las Islas Malvinas y la soberanía nacional

La protesta de Estanislao López sobre el ataque norteamericano a las Malvinas publicada en la Gaceta Mercantil. Crédito: Instituto Lopeciano, El Litoral, modificado con IA.

«Antes de esta carta y de las dos cartas que Estanislao López mandó al gobierno de Buenos Aires quejándose por la situación de Malvinas, la provincia de Santa Fe y su gobernador hicieron una denuncia por el avasallamiento de la nave norteamericana Lexington el 31 de diciembre de 1831 de la Isla Soledad», describe Battistoni.

Esta denuncia fue publicada por la prensa porteña en marzo de 1832, lo que demuestra que «la conciencia territorial y la conciencia de la necesidad de un país soberano es anterior a la queja de Balcarce».

La posición impulsada desde Santa Fe no se limitó únicamente a la protesta diplomática por los sucesos de 1831, sino que vinculó la vulnerabilidad del territorio con la crisis política interna. Sobre este punto, Battistoni destaca que en la correspondencia enviada a Buenos Aires «se plantea claramente que las agresiones de los poderosos de la tierra sobre nuestro territorio son producto de la falta de una Constitución».

Gustavo Battistoni es autor del libro «Estanislao López, nuestro contemporáneo». Crédito: El Correo de Firmat.

El caudillo santafesino comprendía que la falta de una estructura institucional sólida condenaba a las provincias a la vulnerabilidad frente a las potencias extranjeras. Como señala el historiador: «Estanislao López entendía con total claridad que la falta de la organización nacional, de una Constitución, a partir de que no se aplicaban los artículos del Pacto Federal de 1831, llevaban a la indefensión de la República», afirma el historiador firmatense.

Finalmente, el análisis de Battistoni enfatiza la relación de causa y efecto entre el desorden político interno y la pérdida de las islas en 1833. «Producto de eso fue la ocupación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña», concluye el periodista, remarcando la vigencia del pensamiento de López, cuya visión articuló la defensa de la soberanía geográfica con la urgencia de una organización constitucional.

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