Horacio Rosatti preside el Consejo de la Magistratura de la Nación desde abril de 2022.
El relevamiento analiza la actividad del Consejo de la Magistratura de la Nación a lo largo de casi tres décadas, contemplando los expedientes iniciados entre 1999 y agosto de 2026. Los números revelan una contundencia alarmante: de más de 5.100 denuncias presentadas contra jueces y juezas federales y nacionales, apenas el 1,3% de los casos cerrados derivaron en alguna medida punitiva o en la remoción del cargo.
De ese reducido grupo de magistrados alcanzados por una penalidad, la inmensa mayoría recibió únicamente sanciones menores, como aparatosos apercibimientos o multas económicas, dejando las destituciones reducidas a una cifra marginal.
Más allá de las estadísticas finales, el estudio saca a la luz los profundos engranajes burocráticos que propician que la mayor parte de las causas queden en la nada. Uno de los factores más determinantes es la caducidad por el mero transcurso del tiempo; casi medio millar de expedientes fueron archivados simplemente porque vencieron los plazos legales sin que el organismo avanzara en la investigación.
Esta inacción institucional genera una prescripción de hecho que clausura cualquier posibilidad de llegar a la verdad sobre los hechos denunciados. A la lentitud administrativa se suman barreras estructurales que impiden un control democrático efectivo por parte de la sociedad.
La falta de transparencia en la asignación de los expedientes, las trabas para acceder a la documentación pública y la imposibilidad de que los denunciantes intervengan o impulsen las actuaciones convierten al proceso en un circuito hermético. A pesar de que las normas vigentes exigen el libre acceso a la información en estas materias, las solicitudes de los ciudadanos chocan habitualmente contra un muro de opacidad e indefinición.
Fuente: Periódico Qué - justiciaintocable.acij.org.ar
