El nuevo esquema comenzará a operar desde el 1° de noviembre de 2026.
Aunque desde el discurso oficial se presenta como una modernización que da previsibilidad a las empresas, la letra chica expone un claro retroceso en materia de tutela laboral. Al convertir un derecho consagrado en un instrumento administrado por el mercado financiero, la reforma introduce severas condicionalidades y riesgos que impactan directamente sobre el eslabón más débil de la relación de trabajo.
La pérdida más sustancial para los asalariados radica en la fragmentación de la protección del empleo. Bajo el nuevo régimen, únicamente tendrán cobertura aquellos asalariados registrados que cuenten con una antigüedad previa declarada no menor a 12 meses.
Esto significa que cualquier trabajador despedido durante su primer año de servicio queda excluido del amparo del fondo, dejando desprotegidos a los ingresantes y fomentando un esquema donde la rotación laboral temprana corre completamente por cuenta del dependiente. Además, se impone un "periodo de carencia" de seis meses desde que las patronales inician los aportes, congelando las prestaciones en la fase de empalme.
A esta limitación se suma la transferencia del riesgo hacia los fondos de inversión. El dinero que debería garantizar la indemnización inmediata pasa a colocarse en fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión negociados en el mercado financiero local. De esta forma, el respaldo económico del trabajador queda sujeto a las oscilaciones de la economía, la devaluación y la rentabilidad de los títulos de deuda.
Si bien la normativa formal señala que la empresa mantiene la responsabilidad final del pago, la liquidez y la celeridad que caracterizaban a la indemnización legal quedan diluidas entre intermediarios bancarios que cobran comisiones por administrar esos recursos.

En febrero de este año el Gobierno logró la sanción de la reforma laboral.
Otro perjuicio clave es la anulación del poder disuasivo del despido directo. En la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización actúa como un desincentivo económico para que el empleador no rompa el vínculo sin una causa justificada. Al externalizar este costo mediante contribuciones mensuales continuas, a las empresas les resulta sensiblemente más barato y simple desvincular personal, abriendo la puerta a una mayor precarización laboral y a una mayor inestabilidad de los puestos de trabajo.
Finalmente, el universo de la informalidad laboral vuelve a quedar totalmente relegado. La norma excluye expresamente a los empleados no registrados, quitándoles cualquier expectativa de regularización e indemnización por esta vía y agravando la brecha existente en el mercado de trabajo.
Con la puesta en marcha fijada para noviembre de 2026, el panorama reafirma un cambio de paradigma donde la indemnización deja de ser una garantía resarcitoria para el trabajador y pasa a constituir un fondo de liquidez financiera al servicio de las empresas.
Fuente: Periódico Qué - Agencias










