El planteo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consiguió frenar temporalmente la reestructuración.
La continuidad de una parte de las tareas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) quedó respaldada por una nueva decisión judicial. El planteo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consiguió frenar temporalmente la reestructuración que buscaba retirar al organismo de distintas actividades de control y certificación. La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de San Martín y tendrá vigencia durante seis meses.
El conflicto se originó a partir de la Resolución 213/2025, aprobada por las autoridades del instituto a fines del año pasado. La normativa establecía un calendario para dejar de prestar determinados servicios vinculados con la metrología legal, con un esquema que contemplaba avanzar progresivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires hacia las provincias. Para Santa Fe, la fecha prevista para implementar el cambio era el 30 de junio de 2026.
Las tareas alcanzadas tienen incidencia directa en actividades comerciales, industriales y de la vida cotidiana. Se trata de controles destinados a comprobar que los instrumentos de medición funcionen correctamente, entre ellos balanzas comerciales, surtidores de combustible, medidores de agua y electricidad, radares de tránsito y dispositivos utilizados para medir alcohol en aire exhalado. La discusión también involucra quiénes quedarán a cargo de esas verificaciones y bajo qué mecanismos se garantizará su confiabilidad.
El pronunciamiento judicial no se limita a mantener los servicios. También impide que las autoridades trasladen, presten o dispongan de los instrumentos técnicos necesarios para realizar esas tareas. Entre los elementos protegidos se encuentran patrones nacionales de medida, etilómetros, cinemómetros y balanzas patrón. De esta manera, se busca evitar que durante el período de vigencia de la cautelar se desarme la capacidad operativa de las áreas involucradas.
En cuanto al personal, el fallo exige garantizar la ocupación efectiva de los trabajadores de la Dirección Técnica de Metrología Legal y del Organismo de Certificación. Además, establece que deben conservarse las funciones, categorías, salarios y condiciones laborales que tenían al 28 de diciembre de 2025. Desde ATE, Rodolfo Aguiar destacó el alcance de la medida y sostuvo que la continuidad del organismo también resulta necesaria para las pequeñas y medianas empresas que utilizan sus prestaciones.
La resolución se suma a otro antecedente judicial de mayo, cuando el mismo juzgado había intervenido para impedir el cierre de alrededor de 600 servicios técnicos del INTI. Aunque el nuevo fallo no resuelve definitivamente la disputa sobre el rumbo del organismo, establece un límite temporal a la implementación de las medidas cuestionadas. En ese escenario, la discusión sobre el papel del instituto en el desarrollo industrial, los controles de calidad y la asistencia tecnológica vuelve a quedar en el centro de la agenda nacional.
Fuente: Periódico Qué - Agencias
