El gobernador Maximiliano Pullaro y el Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, insisten en la necesidad de contar con las Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
El primer eje de la controversia gira en torno a la ley que otorga facultades a las fuerzas de seguridad para exigir a los ciudadanos la visualización del número de identidad internacional (IMEI) de sus teléfonos celulares en la vía pública. Desde el bloque oficialista defendieron la herramienta argumentando que apunta directamente contra los delincuentes que roban y comercializan aparatos electrónicos.
El diputado José Corral explicó el funcionamiento de la norma al señalar: "La ley que aprobamos va justamente a eso, a que las fuerzas de seguridad tengan el recurso de poder pedir a las personas que muestren el IMEI, que es una cosa muy sencilla, es como el número de motor o el DNI del celular".
Sin embargo, la medida generó duras réplicas desde la oposición, donde alertan sobre los riesgos de vulneración de la privacidad y los derechos ciudadanos. El legislador opositor Carlos del Frade cuestionó con dureza el espíritu de la iniciativa y advirtió sobre sus consecuencias prácticas: "En realidad es darle a la policía la posibilidad de que te revisen el celular sin saber bien qué tiene que revisar, pero si te negás, vas preso. Eso lo dice la ley, y no tiene mucho sentido porque eso efectivamente violenta derechos y garantías, no solamente individuales sino también comunitarios".
Para el sector opositor, este tipo de normativas profundiza una lógica punitivista que erosiona las libertades civiles en lugar de brindar soluciones estructurales al delito.
Asistencia legal especializada para las fuerzas de seguridad
El segundo punto aprobado y debatido con intensidad fue la creación de un cuerpo de defensores públicos enfocado en los efectivos policiales involucrados en causas judiciales. El oficialismo justificó la creación de estos cargos específicos argumentando que el Estado debe garantizar asistencia letrada profesional a quienes portan armas y cumplen con órdenes de servicio.
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En este sentido, José Corral detalló: "Hoy corregimos con una ley esto creando cargos específicos para la defensa de los policías, a quienes el Estado le da un arma, le da un reglamento y le pide que intervenga; si interviene y termina en una causa judicial, resulta que el Estado después los dejaba librados a su suerte y no les ponía un defensor".
José corral, la referencia de unidos en la defensa de las nuevas leyes.
Por el contrario, la oposición interpretó esta disposición como una muestra más de la excesiva habilitación y protección institucional otorgada al accionar policial. Carlos del Frade argumentó que esta normativa se contrapone con los propios informes oficiales sobre violencia institucional: "La defensa pública está para defender a la gente vulnerada por los representantes institucionales. El propio informe, el último informe que se presentó aquí desde el Ministerio Público de la Defensa, hablaba de más de 100 casos de tortura de la policía de la provincia de Santa Fe". El legislador opositor remarcó la contradicción de blindar legalmente a una fuerza que acumula denuncias graves en los estrados judiciales.
El trasfondo del debate político en la provincia
La aprobación de ambas normas expone dos visiones antagónicas sobre cómo abordar la crisis de seguridad que atraviesa Santa Fe desde hace años. Mientras el oficialismo sostiene que estas herramientas otorgan agilidad operativa y resguardo a los agentes que combaten el delito en la calle, los críticos sostienen que se avanza hacia un modelo de hipervigilancia con escasos controles democráticos. Las diferencias de criterio evidencian la complejidad de conciliar la eficacia en la prevención del delito con el estricto cumplimiento de los estándares constitucionales y los derechos humanos.
carlos del frade, uno de los principales críticos a las politicas de seguridad del gobierno provincial.
Las tensiones en el recinto legislativo reflejan también la dificultad de construir consensos amplios en temas tan sensibles para la ciudadanía santafesina. La discusión sobre el margen de autonomía y el poder de policía se da en un contexto donde la demanda de orden y la protección de las garantías ciudadanas chocan permanentemente en la agenda pública. Para los bloques opositores, el resultado de estas votaciones consolida un esquema institucional que prioriza la mano dura por encima del equilibrio republicano y la división de poderes.
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Organismos de derechos humanos cuestionan el paquete de seguridad del gobierno provincial
Por su parte, los impulsores de los proyectos confían en que la puesta en práctica de estas herramientas normativas permitirá descomprimir las restricciones operativas que, según su mirada, ataban de manos a la policía. Las autoridades provinciales sostienen que las nuevas facultades están debidamente acotadas por protocolos legales y la supervisión de la justicia. No obstante, el debate sobre el alcance real de estas leyes continuará abierto tanto en el ámbito parlamentario como en las discusiones cotidianas de la sociedad santafesina.
A modo de cierre, el paquete de leyes sancionado esta semana marca un punto de inflexión en la estrategia legislativa del gobierno provincial en materia de seguridad y justicia. Con posturas tan divididas, la implementación de los controles tecnológicos y la asistencia jurídica policial se perfilan como los temas centrales de la agenda política local en los próximos meses. La efectividad de estas medidas para frenar el delito y su impacto sobre los derechos y garantías individuales serán, sin dudas, el principal termómetro para evaluar el acierto o el error de estas polémicas decisiones.
