La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe se declaró en estado de alerta y asamblea permanente tras el estancamiento de las paritarias con las cámaras empresarias. El sindicato calificó de insuficiente la oferta salarial realizada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) para los choferes de corta y media distancia.
El reclamo central del gremio es lograr la equiparación salarial del interior del país con los montos acordados previamente para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según expresaron desde la conducción sindical, la brecha de ingresos genera un trato desigual sobre el personal operativo del transporte.
A pesar del estado de alerta y de la realización de asambleas informativas, desde la UTA confirmaron que por el momento no habrá paro de colectivos en la ciudad de Santa Fe y el servicio se prestará con regularidad.
Reunión decisiva este martes
Representantes sindicales y empresarios volverán a verse las caras este martes a las 15:00 en una audiencia paritaria determinante. El resultado del encuentro definirá si las partes logran destrabar la negociación o si el conflicto escala hacia medidas de fuerza directas que impacten en el servicio urbano e interurbano.
El conflicto universitario suma un nuevo capítulo de tensión. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes 8 de septiembre, medida que paralizará las actividades en las casas de altos estudios públicas del país, incluida la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La medida de fuerza se resolvió tras el fracaso de la última mesa paritaria, donde el Ejecutivo nacional ratificó una oferta del 3% de incremento para el mes de septiembre. Las federaciones docentes y no docentes rechazaron unánimemente el porcentaje por considerarlo insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada y exigieron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) confirmaron su adhesión a la protesta y advirtieron sobre el deterioro del presupuesto para el funcionamiento institucional y las becas estudiantiles. En paralelo, desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el gremio COAD adelantó que propondrá debatir un endurecimiento de las medidas mediante un paro por tiempo indeterminado.
El plan de lucha para septiembre y octubre
La huelga de este martes marcará el inicio de un cronograma de protestas en escalada:
15 de septiembre: Jornada nacional de clases públicas en espacios abiertos.
17 de septiembre: Concentración frente al Palacio Pizzurno (sede de la secretaría de Educación de la Nación) en el marco de la convocatoria a paritarias.
Primera semana de octubre: Se proyecta la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria a nivel nacional.
Al respecto, Claudia Balagué, actual diputada provincial y exministra de Educación santafesina, dialogó con Periódico Qué y aseguró que se trata de «temas angustiantes porque son absolutamente básicos para la necesidad de alimentación de nuestros niños, niñas y jóvenes».
«Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de alimentación universal en todas las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Nos parece algo básico ofrecer una copa de leche o una ración alimenticia saludable, con el contenido de proteínas que necesitan los niños y jóvenes para su desarrollo. Pero también pensamos en los adultos que hoy no tienen la posibilidad de cenar y que se van a dormir con lo poquito que pudieron lograr en un comedor social que les acerca una ración de comida», explicó la legisladora.
Sin embargo, el tratamiento legislativo encuentra trabas económicas: «Lamentablemente, como es una cuestión presupuestaria, no logramos que avance en la Comisión de Presupuesto, aunque sí lo hemos trabajado en la Comisión de Educación. Para nosotros esto es clave, porque conocemos las distintas etapas del desarrollo infantil y lo fundamental que es recibir la nutrición adecuada».
«Recorriendo las escuelas de la provincia, cada vez más maestras y directoras me cuentan que los chicos piden repetir dos y tres veces la copa de leche porque no han tenido una comida abundante el día anterior».
«También solicitan llevarse alimento a sus casas para sus hermanitos más pequeños que a lo mejor todavía no están escolarizados», agregó Balagué. «Es una situación absolutamente angustiante, y creo que una provincia tan rica como la nuestra no puede hacerse la desentendida. Por eso impulsamos nuestro proyecto de ley y aspiramos a que se apruebe».
Al ser consultada por Periódico Qué sobre el impacto que genera en las aulas que los estudiantes concurran mal alimentados, la exministra analizó tanto la arista biológica como el rol docente:
«Primero, desde el punto de vista biológico —que es el aspecto básico—, todo niño o niña necesita proteínas y lípidos suficientes para su desarrollo físico y neuronal. Es de una gravedad extrema que no estén recibiendo los nutrientes suficientes para crecer. Y en cuanto a los docentes, lo que vemos todos los días es mucha angustia, porque es la realidad que enfrentan cara a cara. Son sus propios alumnos los que les están pidiendo esta contención elemental».
cLAUDIA BaLAGUÉ, DIPUTADA PROVINCIAL . EXMINISTRA DE EDUCACIÓN
En ese sentido, remarcó que el cuerpo docente también absorbe esa presión social en medio de un contexto complejo: «A su vez, ellos enfrentan sus propios problemas con los salarios, el pluriempleo y todos los padecimientos que atraviesan los docentes santafesinos, lo cual hace muy difícil estar en el aula hoy. Hay un trabajo de contención sostenido para atender situaciones sociales que los superan. Hay temas de salud mental y sobrecarga de trabajo de los que el Estado debe hacerse cargo. Yo creo todo lo contrario a lo que se dice ahora: ¡sí, el Estado debe estar presente! Por algo construimos una sociedad, para que cada individuo no tenga que salir adelante solo, sino para que haya una red conteniendo las situaciones de mayor vulnerabilidad».
Finalmente, la diputada hizo hincapié en la necesidad de reasignar partidas: «Santa Fe es una provincia rica, no estamos hablando de las zonas más pobres de la Argentina. A estas cuestiones básicas hay que dedicarles presupuesto, es así de sencillo. Hay que tomar las decisiones políticas, dar el presupuesto necesario para los comedores escolares y ampliar la cobertura a todos los niveles del sistema», concluyó.
La semana pasada Periodicoque.com.ar dio cuenta de la movilización en Concepción del Uruguay luego de que quedaran firmes los despidos de 270 de trabajadores de la planta La China que pertenece a Granja Tres Arroyos. Al mismo tiempo, en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, la empresa avícola suspendía todas las actividades de su fábrica.
Las malas noticias se suman para una de las empresas más importante en su rubro. La crisis financiera de Granja Tres Arroyos comenzó a impactar de forma directa en el patrimonio de la familia fundadora. La Justicia ordenó el embargo de inmuebles pertenecientes a los empresarios Joaquín y Elba De Grazia —ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Canning y Pilar— a raíz de reclamos promovidos por entidades financieras por deudas que superan los $1.800 millones.
A la par de estas ejecuciones, el Juzgado Comercial N°16 decretó la inhibición general de bienes sobre la firma Avex S.A. y cinco directivos vinculados a la compañía. La resolución se da en medio de un escenario crítico para el grupo, que intenta reestructurar un pasivo de u$s350,9 millones mientras enfrenta cuatro pedidos de quiebra tramitados por proveedores e insumos del sector (ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.).
El ahogo financiero se refleja en los registros del sistema crediticio: entre Granja Tres Arroyos, Avex y Wade, el grupo avícola acumula un pasivo bancario de $42.400 millones y suma más de 7.000 cheques rechazados por un monto superior a los $101.600 millones.
La inminente privatización y el traspaso de la concesión de las rutas nacionales en la provincia de Santa Fe encendieron las alarmas en el sector vial. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Concesiones Viales (SUTRACOVI) advirtieron que los nuevos pliegos de licitación impulsados por el Gobierno nacional eliminaron la cláusula de continuidad laboral, lo que pone en riesgo unos 600 puestos de trabajo.
En diálogo con periodicoque.com.ar, el secretario general de SUTRACOVI, Leonardo Bond, explicó que los contratos que vencen en corredores clave —como la autopista Rosario–Buenos Aires y la Ruta Nacional 8 en Venado Tuerto— dejan a los empleados sin respaldo estatal: “La empresa que viene no tiene la obligación de tomar a la gente. Hicieron acuerdos de desvinculación para pagar indemnizaciones en 12 cuotas, una especie de retiro voluntario que va en detrimento de los trabajadores”.
Según las estimaciones del gremio, de los 600 viales que prestan servicio en rutas nacionales dentro de la provincia, menos de 100 podrían ser reabsorbidos por las nuevas firmas privadas. Además, quienes logren ser contratados perderán su antigüedad. “En estaciones como Franck (Ruta 19), San Vicente o Ceres, hay entre 50 y 60 empleados, y a lo sumo tomarán a 18 o 20”, ejemplificó el dirigente.
El contraste con las rutas provinciales y el TelePase
Una realidad distinta se vive en los corredores viales bajo jurisdicción santafesina, donde la Provincia proyecta implementar gradualmente el sistema inteligente TelePase sin barreras (Free Flow), empezando por la Autopista Rosario–Santa Fe y extendiéndose a las rutas 14, 18 y 70.
A diferencia del plano nacional, Bond remarcó que a nivel provincial existe una mesa de diálogo activa con el Ministerio de Trabajo y las unidades ejecutoras para avanzar en la reconversión laboral del personal sin recurrir a despidos.
“Desde el año pasado empezamos un proceso de capacitación y reubicación de personal en otras funciones. La promesa formal de Vialidad Provincial es que no se prescindirá de ningún trabajador de la planta permanente”, concluyó el referente gremial.
Las tareas forman parte del plan de contingencia preventivo diseñado ante el escenario climático que prevé precipitaciones de gran volumen en la región. La intervención busca agilizar el escurrimiento del agua en el sector de la calzada del lado de Santa Fe, utilizando equipamiento pesado contratado a la empresa Servicios Pedrin S.A.
Debido al despliegue de motoniveladoras y camiones en la zona, el personal de tránsito aplica un operativo de ordenamiento con reducción de carril en ambos sentidos de circulación durante este martes y miércoles. Desde el organismo solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución y acatar la señalización provisoria mientras duren las obras.
Obreros de la firma Granja Tres Arroyos se manifestaron este domingo en una concentración de carácter urgente frente a las instalaciones de la planta de Concepción del Uruguay, bajo el lema «que no se apague la lucha».
La confirmación de 270 despidos en Granja Tres Arroyos dejó sin efecto la posibilidad de revertir las desvinculaciones tras el cierre de la conciliación obligatoria. La empresa ratificó la medida una vez finalizada esa instancia.
El escenario profundizó la preocupación entre los trabajadores. La protesta buscó visibilizar el conflicto y reclamar alternativas ante los despidos.
La convocatoria surgió en respuesta a la ratificación de despidos, la falta de pago de salarios e indemnizaciones adeudadas, y la ausencia de fechas concretas para la reincorporación del personal. Los operarios rechazan categóricamente el posible cierre de la planta y reclaman una solución inmediata a la incertidumbre laboral.
Suspensión de operaciones en la planta de Capitán Sarmiento
Por otro lado, la empresa que supo ser la mayor avícola de la Argentina, suspendió este fin de semana las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, sin fecha de reanudación. Las suspensiones fueron sin comunicación previa al personal. Un comunicado interno notificó que las tareas operativas quedan paralizadas “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”, con la instrucción de que el personal no concurra a prestar servicios salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor.
El documento atribuye la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.
Según difundió el medio Infobae, las máquinas concesionadas —equipos alquilados a terceros— ya no están en el establecimiento. Fuentes con conocimiento de la realidad de la empresa comentaron que se retiraron zorras, equipos de armado de cajas y toda la maquinaria de empresas externas que operaba dentro de la planta. “No quedó nada”, describió esa misma fuente. A eso se suma otro dato que agrava el panorama: miembros del directorio también habrían vaciado sus oficinas y retirado sus pertenencias de los depósitos. “Hoy la gente se desayunó con eso. Estamos sin suministro eléctrico por lo que no podemos trabajar”, señaló la fuente, en referencia a la notificación que recibieron los empleados ayer, al mismo tiempo que advirtió que los trabajadores temen que la empresa no afronte el pago de las indemnizaciones correspondientes.
El número dos de Camioneros, Pablo Moyano, consideró que debe haber una “reacción más fuerte en las calles” frente al gobierno de Javier Milei, que “sigue avanzando con leyes en el Congreso que en el futuro nos van a condenar a todos los argentinos”.
“Los trabajadores camioneros vivimos el contexto que viven millones, con una política que beneficia a un sector mínimo que se la lleva afuera”, dijo Moyano. “Vemos la realidad de millones de argentinos y te da bronca”, resaltó el dirigente en declaraciones a la AM 750.
Según expresó, es importante sostener la movilización en las calles. Pero además, reclamó que “los diputados del peronismo no sigan traicionando a los trabajadores”.
“Uno venía charlando con los delegados y trabajadores y decía, mirá que hacemos dos viajes por noche, y estábamos haciendo un viaje. Y cuando este chanta que habla de que bajó la inflación, hablo de Caputo y Milei, yo les digo que bajó la inflación porque bajó el consumo”, añadió.
Pablo Moyano pidió una «reacción más fuerte en las calle» y a los dirigentes del peronismo «dejar de lado las diferencias para sacar a estos tipos»
El secretario General Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, exigió a la oposición avanzar en la unidad y pidió hacer una “elección humillante” en 2027 “para que esta derecha recalcitrante sea derrotada para siempre”. “Los dirigentes del peronismo deben dejar de lado las diferencias para sacar a estos tipos”, exigió.
Para Moyano, este dato no es menor, ya que marca un “agotamiento” con el sistema actual: “Es lamentable que le saquen comida a millones de personas y no haya la reacción que tendría que haber, más fuerte, más contundente”. “Ojalá que esa bronca se termine acumulando y se vea canalizada en las urnas”, dijo.
“Tiene que haber una elección humillante para que esta derecha recalcitrante sea derrotada para siempre. Y que sirva para que los dirigentes del peronismo dejen de lado las diferencias y se unan para sacar a estos tipos”, afirmó.
Moyano apuntó contra los dirigentes provinciales. “Los que nos traicionaron fueron los gobernadores del peronismo. Ellos aprobaron la Ley Bases y le abrieron la puerta al Gobierno. Por supuesto que el Congreso no está respondiendo a los trabajadores”, se indignó.
Consultado sobre las elecciones del 2027 y los candidatos de la oposición, dijo: “Yo creo que el que se la está bancando es Axel Kicillof. Le desfinancian la provincia, las municipalidades viven momentos críticos y Axel está haciendo lo imposible para garantizar el pago de salarios”.
Después, dijo, el nombre se definirá en una interna. “Pero creo que tenemos que dirimir estas diferencias para darle a los argentinos una alternativa de cambio de un plan económico que está destrozando el presente y el futuro de millones de argentinos”, señaló.
Finalmente, se manifestó confiado en las elecciones del año próximo: “Hay señales de agotamiento de este modelo. Y esa bronca se va a expresar a través del voto. Yo soy creyente de eso”.
Ivana Pintos, referente de la Federación de Cooperadoras Escolares, dialogó con PeriódicoQué y aseguró que creció la demanda de alimentos en los establecimientos y también las averiguaciones para abrir nuevos comedores en las instituciones que aún no tienen: “Observamos que hay más consultas de parte de las cooperadoras escolares, de la sociedad en general, incluso de alumnos, de estudiantes, de cómo gestionar el aumento de la cantidad de raciones en sus establecimientos. También se dan las consultas en las escuelas que no tienen el servicio ni de comedor ni de copa de leche, nos preguntan cómo gestionarlo”.
Pintos explicó que “en realidad el sistema de apertura o de gestión de copa de leche o comedor lo hacen los directivos a través del sistema interno de del Ministerio de Educación, pero hay necesidades de las comunidades que ven que es importante y es urgente este servicio y eso hace que se movilicen y a nosotros nos llega la consulta, y los orientamos de cómo es el procedimiento para hacerlo”.
Creció un 10% la demanda de raciones
La entrevistada se refirió al aumento en la cantidad de raciones de alimentos en las escuelas de Santa Fe: “El incremento de la demanda es bastante. Podemos dar un dato real que emana de la información que da el gobierno provincial, que es que en lo que va del año, hasta mayo más o menos, que es donde nosotros tenemos marcado el corte, el gobierno provincial aumentó un 10 % las raciones de comedores y copa de leche, Se abrieron comedores nuevos o se aumentaron las raciones. El gobierno responde a esa demanda; desconocemos qué tanta respuesta, qué tanto porcentaje de respuesta, pero al menos responde”.
Demanda en todas las zonas de la ciudad
De acuerdo a lo que observan desde la Federación de Cooperadoras Escolares, en este último tiempo el pedido de alimentos y de apertura de comedores se da también en zonas en las que predomina la clase media. “La crisis económica, la falta de alimentación y todo lo demás claramente no está determinada hoy por la geografía en donde nosotros vivimos. Escuelas del centro de la ciudad han gestionado la alimentación, en algunos casos ya la tienen, en otros venimos observando la necesidad de cubrir esa demanda. Así que no tiene que ver ya con lo geográfico. Es un dato nuevo. La pobreza también se trasladó al centro”, aseguró Pintos.
Para describir la situación actual, Ivana Pintos contó lo que ocurrió en un establecimiento terciario. “Este año observamos algo que la verdad que me sorprendió y me dejó pensando muchísimo: una alumna terciaria que embarazada se descompensó mientras estaba en el instituto. Cuando se recupera le consultan si había comido durante el día, que es una de las primeras preguntas que uno hace cuando alguien se desvanece, su respuesta fue que no. Alguien que trabaja no puede alimentarse durante el día y encima es una gestante. La verdad que es preocupante que alguien que trabaje y hace el esfuerzo de estudiar no tenga para comer”.
Consultada sobre si registran niños y niñas con hambre en las escuelas de Santa Fe, Pintos fue contundente: “Y claro que sí, claro que sí. Imagínense que ya hay cierre de algunos comedores que funcionaban los fines de semana o copas de leche que trabajaban en la tarde, que sabemos y es de público conocimiento que un montón de comedores y copas de leche han cerrado o no tienen la asistencia que tenían antes. Bueno, eso nosotros lo vemos reflejado en la escuela porque los chicos claramente pasan bastante tiempo, una vigilia importante, sin alimentación y cuando vuelven a la escuela ¡comen todo!. Tienen hambre, los chicos comen con hambre en los comedores escolares, se les nota”.
“Es impresionante, y ni hablar del que trata de llevarse la frutita que es del postre para darle al hermano que no fue a la escuela. Eso se ve, también es una realidad. La realidad de recorrer los comedores, de mirar estas cosas, a veces no sé si tienen el ejercicio las personas que toman las decisiones sobre esto, ¿no?”.
Entrevista con Ivana Pintos, Federación Cooperadoras Escolares
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a sectores opositores y económicos de actuar contra los intereses de los trabajadores y reiteró que, antes de las elecciones del 4 de octubre, acelerará en el Congreso la aprobación del proyecto para reducir la jornada laboral sin recorte salarial.
“Hay gente que juega en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Brasil, pero nuestro Gobierno se está movilizado para aprobar el fin de la jornada 6×1, sin reducción del salario. El pueblo trabajador que mueve este país merece tener más tiempo para el ocio, para cuidar la salud y para acompañar el crecimiento de los hijos. Se trata de tiempo para la familia”, escribió Lula en la red social X.
La propuesta busca poner fin al régimen conocido como 6×1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso, y reducir la jornada semanal sin disminuir los salarios a 40 horas semanales.
La enmienda constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados a finales de mayo último, pero quedó paralizada durante meses en el Senado, donde el trámite se destrabó después de que Lula da Silva y el presidente de la cámara alta, Davi Alcolumbre, retomaran el diálogo este mes.
Alcolumbre envió la propuesta a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), donde el Gobierno logró que asumiera como relator el senador Omar Aziz, aliado del oficialismo.
Aziz afirmó que pretende presentar un informe el próximo jueves y que todavía evalúa si mantendrá el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
El Congreso tendrá solo una semana de votaciones, del 31 de agosto al 4 de septiembre, antes de la primera vuelta presidencial.
Puntos clave del proyecto:
Fin de la escala 6×1: Se busca reemplazar el esquema de seis días de labor por una modalidad de 5×2 (dos días de descanso consecutivos), sin afectar los ingresos de los trabajadores.
Reducción sin rebaja salarial: El salario se mantiene intacto a pesar de la merma en las horas semanales trabajadas.
Implementación gradual: A los 60 días de su promulgación, el límite semanal bajará a 42 horas.12 meses después, se establecerá definitivamente en un máximo de 40 horas.
Excepciones: Se prevén excepciones en sectores específicos como salud, seguridad, transporte y limpieza urbana.
