La localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, de apenas 15.000 habitantes, atraviesa su peor hora. La empresa Granja Tres Arroyos concretó el despido de más de 700 trabajadores (554 locales y 150 de distritos vecinos), dejando a la planta con apenas un 30% de su personal operativo y sumiendo a la economía municipal en un escenario crítico.
La drástica medida se enmarca en la profunda debacle financiera de la compañía. Recientemente, la Justicia ordenó embargar bienes de los dueños de Granja Tres Arroyos ante el avance de las ejecuciones y los pedidos de quiebra, reflejando la asfixia de un grupo que acumula miles de cheques rechazados y multimillonarias deudas. Este vaciamiento se suma al raid de recortes en distintas provincias: semanas atrás la firma ya había confirmado 270 despidos en su planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
En Capitán Sarmiento, la producción se frenó argumentando la falta de suministro eléctrico por una deuda de $2.000 millones con la distribuidora EDEN. Pese a que el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, los telegramas de despido llegaron a operarios con más de 20 años de antigüedad, a quienes se les adeudaban dos meses y medio de sueldo, aguinaldos y vacaciones.

La vuelta de reclamos y ollas populares, una escena que se repite
Deuda eléctrica, concurso y auxilio comunitario
Actualmente, la fábrica opera de manera parcial gracias a un generador eléctrico a combustible cuya continuidad depende del abastecimiento diario. Mientras crecen las versiones sobre un inminente concurso de acreedores o la venta del complejo, la comunidad comenzó a organizarse para sostener a los afectados:
Ollas populares y colectas: El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), comercios y espacios privados activaron ollas populares nocturnas y campañas para recolectar alimentos, pañales y productos de higiene.
Clubes unidos: Las instituciones deportivas San Carlos, Deportivo SDL, Los 14 y Atlético Independiente impulsaron jornadas solidarias para juntar víveres no perecederos.
Asistencia municipal: La intendenta Fernanda Astorino confirmó la ampliación del reparto de alimentos y la cobertura de salud pública y medicamentos para las familias que perdieron la obra social.
La pérdida de masa salarial —con ingresos promedio que alcanzaban los $3 millones— amenaza con desertificar el consumo local, llevando a varios comercios a cerrar y obligando a muchas familias a evaluar el éxodo de la ciudad.