El gobernador Maximiliano pullaro caminando entre muros de extrema seguridad simulados (foto: prensa gobierno provincial)
Los pasados 4 y 5 de noviembre, el Salón Metropolitano de Rosario fue escenario de la primera edición de la «ExpoSeguridad Rosario», un evento presentado oficialmente como un espacio de articulación público-privada entre tecnología, desarrollo productivo y prevención del delito. Los discursos oficiales fueron encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente rosarino Pablo Javkin y una charla del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Así como desde esferas oficiales se mostraron muy conformes por la feria, desde sectores opositores, vecinales y sociales lo redujeron a “una puesta en escena alejada de la realidad cotidiana”
Periódico Qué accedió al dato clave que terminó de encender la controversia: el financiamiento estatal que sostuvo el despliegue. A través del Decreto Provincial N°2352 del 4 de noviembre (apenas algunas horas antes de que comience la Expo) el Ejecutivo santafesino le otorgó un subsidio directo de $300 millones de pesos a la Fundación Rosario, la entidad organizadora de la exposición.
deslizar para ver el decreto completo
La cifra no es menor, más aún si se tiene en cuenta que a Fundación Rosario no es una ONG comunitaria o una vecinal de barrio: se trata de una institución conformada y piloteada por el denominado «poder real» de la ciudad y la provincia, con un directorio integrado por referentes directos de las mayores corporaciones agroexportadoras, desarrolladores inmobiliarios, grupos financieros, mediáticos y cámaras del puerto local.
Un «show inmersivo» del delito y la pobreza
La ExpoSeguridad generó ruido por la llamativa propuesta escenográfica montada para los asistentes, calificada por diversos sectores sociales y opositores como una «showización» de la marginalidad urbana.
Al ingresar al Metropolitano, los visitantes se encontraban con una puesta en escena teatral inmersiva:
- El contraste inicial: De un lado, actores caracterizaban a jóvenes en contextos de exclusión, vulnerabilidad y violencia urbana. Del otro lado de la escenografía, una actriz interpretaba a una ciudadana en el living de su casa mirando noticias sobre crímenes en bucle continuo.
- El túnel de «gestión»: Para acceder a la feria propiamente dicha, el público debía atravesar un túnel bordeado por pantallas gigantes que proyectaban estadísticas oficiales de la baja de homicidios.
- El «orden recuperado»: Al salir del túnel, la estética cambiaba radicalmente hacia una pulcra feria comercial con iluminación impecable, tecnología de punta, stands de blindados, celdas de cárcel a escala, armas de fuego en exhibición e incluso una plaza de juegos infantiles ambientada con sonidos de pájaros de fondo.
Video institucional del instituo de seguridad pública de santa fe
Para organizaciones vecinales y sociales de la periferia rosarina, la representación representó una caricaturización dolosa de la pobreza estructural para vender, acto seguido, la «seguridad» como un insumo transable en el mercado.
La seguridad como «clima de negocios»
La crítica de fondo que sobrevuela al evento es la mercantilización del derecho a la seguridad. Al vincular orgánicamente la pacificación de la ciudad con el desarrollo inmobiliario y corporativo, la exposición proyectó la idea de que la tranquilidad pública es, ante todo, un «clima de negocios» indispensable para el empresariado local, antes que un derecho humano integral para todos los habitantes de la provincia.
Mientras puertas adentro del predio privado se exhibían drones, cámaras con inteligencia artificial y equipamiento de última generación financiado en parte con dinero de los contribuyentes, en los barrios rosarinos la demanda por infraestructura básica, iluminación, luz, agua y presencia estatal preventiva sigue siendo la deuda principal.
el ministro de seguridad empuñando un arma y diferentes imagenes de la feria (video: http://www.conclusión.com.ar)
La tribuna de Pullaro y el trasfondo legislativo
La fecha del evento —montado a solo 24 horas de debates clave en la Cámara de Diputados de Santa Fe— no fue casual. El gobernador Maximiliano Pullaro utilizó la ExpoSeguridad como una tribuna política para presionar por la aprobación del paquete de reformas judiciales y de seguridad enviado por el Ejecutivo, un proyecto que viene generando intensas discusiones y fricciones internas en la propia coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe.
«En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales», enfatizó Pullaro durante el acto de apertura, custodiado por la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente Javkin y el presidente de la Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero. Aunque el mandatario reconoció avances en la baja de indicadores violentos, advirtió que «las organizaciones criminales están activas» para justificar la necesidad de mayores atribuciones legales y respaldo a las fuerzas policiales.
Por su parte, desde la oposición en la Legislatura ya se alistan pedidos de informes para profundizar sobre el monto total de la pauta publicitaria y los aportes públicos (sumados a los $300 millones confirmados por decreto provincial publicado en esta nota) volcados a una estructura privada en momentos de fuerte restricción presupuestaria para los servicios públicos esenciales.
Quiénes integran la Fundación Rosario
La Fundación Rosario, beneficiaria del subsidio millonario otorgado por el Estado provincial, se autodefine como una entidad para la promoción de la marca ciudad. Sin embargo, su conducción estratégica está fuertemente asentada en el entramado corporativo más relevante del Gran Rosario: https://www.fundacionrosario.org.ar/#equipo
El otorgamiento de 300 millones de pesos del tesoro público a una fundación integrada por los principales poderes económicos de la región reabre un debate postergado: la asignación de prioridades presupuestarias en medio de una crisis social que la propia «Expo» prefirió convertir en un espectáculo inmersivo.









