Marcelo Dellaporta y la ministra de salud Silvia Ciancio en los inicios de la actual gestion provincial.
El Ministerio de Salud de Santa Fe dispuso la suspensión preventiva de Marcelo Dellaporta, médico que fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de una empleada de la cartera sanitaria. La decisión quedó establecida mediante una resolución firmada por la ministra Silvia Ciancio, que también ordenó la apertura de un sumario administrativo para investigar su conducta y determinar posibles responsabilidades.
La medida alcanza al cargo que Dellaporta mantiene en el sistema público de salud. El profesional se desempeña como ayudante médico, con una carga horaria de 44 horas semanales, en el Servicio para la Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) Dr. Daniel Alonso Criado, de la ciudad de Esperanza. De acuerdo con la disposición ministerial, permanecerá apartado de sus funciones hasta que finalice la investigación administrativa.
La decisión quedó establecida mediante una resolución firmada por la ministra Silvia Ciancio.
El procedimiento estará a cargo de la abogada Paola Yapur, integrante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio. La resolución establece que la investigación deberá desarrollarse conforme a los artículos 61 y siguientes de la Ley 8525 y el artículo 66 de la Ley 9282, mientras que la suspensión preventiva se encuadra en lo previsto por el artículo 76 de la primera de esas normas.
La decisión administrativa se produjo después de que la Justicia condenara a Dellaporta por un episodio ocurrido a fines de octubre de 2024, cuando se desempeñaba como secretario de Participación Social en Salud. El hecho tuvo lugar en su despacho, en la sede ministerial de la ciudad de Santa Fe, y tuvo como víctima a una trabajadora de la misma dependencia. En el marco de un juicio abreviado, el ex funcionario reconoció su responsabilidad y aceptó una pena de tres años de prisión condicional.
La sentencia fue dictada por el juez Leandro Lazzarini y, además de la condena, estableció restricciones de contacto y acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio, la prohibición de portar armas y otras reglas de conducta. También dispuso su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Con la nueva resolución, el Ministerio provincial abrió una instancia para establecer las consecuencias administrativas de su conducta en el ámbito estatal.
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