Bajo las batutas de los maestros Silvio Viegas, titular de la formación mayor, y Manuel Marina, director de la juvenil; quienes compartirán podio, los dos elencos interpretarán la “Pastoral” de Beethoven y cuatro escenas de “el Lago de los Cisnes” de Tachaikovsky.
Retiro de entradas
La entrada será gratuita y solidaria, con cupo limitado. Los afiliados/as pueden retirar anticipadas en ATE Social (Rivadavia 2882). De lunes a viernes de de 8.00 a 16.00 hs.
Público en general: El retiro de entradas estará disponible desde el martes 18 de agosto hasta el día del concierto inclusive, en la boletería del Centro Cultural Provincial, sita en Junín 2457 (Santa Fe), de 14 a 21 horas.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, se permitirá el ingreso libre de público hasta completar el aforo.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a cencultu@gmail.com, adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.
Rosana Zamora y Angelita Verón, integrantes de la Secretaría de Igualdad. Crédito: UPCN Santa Fe
El encuentro contó con la presencia de Rosana Zamora y Angelita Verón, integrantes de la Secretaría de Igualdad, quienes lideraron un espacio de debate y construcción grupal enfocado en la prevención de la violencia en el ámbito laboral y, fundamentalmente, en la creación de entornos de trabajo libres de violencias.
Durante la actividad, se realizó un recorrido por el marco normativo vigente. En el plano provincial, se destacó el análisis de la Ley N.° 14.371 de Violencia Laboral y su modificatoria, la Ley N.° 14.430. Asimismo, se abordó el protocolo de actuación elaborado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, en su carácter de órgano de aplicación. Este intercambio se complementó con la revisión de los estándares internacionales fijados por el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Atendiendo a los impactos negativos que las distintas manifestaciones de violencia provocan en los trabajadores y trabajadoras, la jornada permitió reflexionar colectivamente sobre acciones positivas para revertir estas situaciones. En este sentido, se propusieron iniciativas que apunten a mejorar los entornos laborales, resguardar la salud psicofísica y social del personal estatal y, fundamentalmente, redundar en un mejor beneficio para toda la comunidad que es asistida diariamente en escuelas, hospitales, centros de salud, hogares y en la administración central.
Trabajadoras y trabajadores asistentes al taller. Crédito: UPCN Santa Fe
Durante el taller se profundizó además en la conceptualización de la violencia laboral, sus formas de manifestación y las estrategias concretas para su prevención, abordaje y erradicación en el sector público.
«Buscamos brindar herramientas efectivas no solo para detectar e intervenir ante la violencia, sino para construir de manera colectiva espacios de trabajo basados en el respeto, la equidad y la salud integral», explicaron desde la Secretaría.
universidades de todo el país se suman a las medidas de fuerza este semana
Desde la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (ADUL) sostienen que el Gobierno nacional mantiene una deuda salarial con el sector y cuestionan que haya convocado a una nueva instancia paritaria recién para el 1° de septiembre. En ese escenario, el gremio decidió avanzar con una semana completa de medidas de fuerza.
Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, dialogó con la radio universitaria (LT10) y aseguró que “el gobierno incurre en un incumplimiento con lo que determinó la Corte Suprema de Justicia, que establece que tiene que pagar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó.
Según el dirigente gremial, el impacto sobre los ingresos de los trabajadores universitarios ya es considerable. “En términos salariales, lo que corresponde al artículo 5 —que alcanza a los sueldos— significa que ya tenemos un retraso del orden del 30 %”, aseguró.
“Nos tendría que haber pagado en el mes de julio esa diferencia, no lo hizo; en julio tuvimos 0 % de incremento y el Gobierno, después de anunciar las medidas de fuerza, convoca a paritarias para el primero de septiembre”.
Cuál es la modalidad de paro en la UNL
La medida de fuerza no necesariamente tendrá el mismo impacto en todas las facultades, escuelas y cátedras. Desde ADUL explicaron que cada docente definirá su adhesión y la manera de sostener el vínculo académico con los estudiantes durante la semana.
“Hay un grupo de docentes que sostiene que hay que ir a un paro por tiempo indeterminado”, explicó Vallejos.
Sin embargo, hasta el momento prevaleció otra postura dentro del gremio. Según detalló, “hasta ahora viene siendo mayoritaria esta idea de parar una semana y volver a clases la siguiente, sobre todo para poder sostener al estudiantado”.
El dirigente remarcó que uno de los objetivos es mantener el reclamo sin cortar completamente el acompañamiento académico. “Los docentes estamos pensando cómo sostener el conflicto y que nos paguen lo que nos deben y, al mismo tiempo, sostener al estudiantado. O sea que las medidas no son para nada en contra de los estudiantes”, señaló.
Por ese motivo, las familias y alumnos deberán consultar la situación particular de cada espacio académico. “Cada cátedra va organizando esa manera de sostener al estudiantado. No en todos los lugares es igual”, indicó Vallejos.
En el caso de los establecimientos preuniversitarios también habrá particularidades. “Esta semana hay cierre de notas en la Escuela Industrial y eso va a hacer que los docentes tomen decisiones sobre eso para no posponer las evaluaciones que tienen previstas”, explicó.
El reclamo de la rectora
Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la rectora, Laura Tarabella, planteó que el reclamo central pasa por el cumplimiento de la medida cautelar vinculada al financiamiento universitario y por la aplicación de los recursos establecidos en la legislación vigente.
Laura tarabella, rectora unl
Tarabella explicó que la posición del sistema universitario se consolidó luego del pronunciamiento judicial que dejó firme la cautelar.
La postura fue acordada en una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde las autoridades universitarias definieron sostener un planteo común ante la próxima audiencia de conciliación.
“Nosotros, desde el Sistema Interuniversitario Nacional, tuvimos una reunión de comité ejecutivo el miércoles de la semana pasada y, entre los temas, acordamos todos los que formamos parte del comité ejecutivo solicitar que se cumpla la cautelar”, señaló la titular de la UNL.
“Ahora estamos convocados a una audiencia de conciliación para el viernes próximo, el 21 de agosto, pero la posición que va a llevar el sistema tiene que ver con esto: hay un fallo firme y queremos que ese fallo se cumpla”, sostuvo Tarabella
La industria del calzado atraviesa una fuerte crisis y, según la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), desde el inicio del actual Gobierno se perdieron unos 8 mil puestos de trabajo. El gremio atribuyó este escenario a la combinación de la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones, en un contexto de menor actividad para la industria nacional.
Al respecto, el secretario adjunto del gremio, Horacio Jerez manifestó “hay una realidad, toda la industria la está pasando mal. Desde que está este Gobierno asumió nosotros perdimos más de 8 mil trabajadores”. Además, explicó que el sector enfrenta un escenario particularmente complejo debido a la combinación de distintos factores. Por un lado, señaló la caída del consumo interno y, por otro, cuestionó la apertura de las importaciones y el impacto que tiene sobre la producción nacional.
A este escenario, el dirigente sumó el deterioro de los ingresos de los trabajadores y las dificultades para alcanzar acuerdos salariales. “Es un combo lamentablemente muy malo no solamente para el sector del calzado, sino que para toda la industria, para el comercio en general y para los más de 400 mil trabajadores que han quedado en la calle”, sostuvo.
En esa línea, Jerez aseguró que los gremios actualmente no cuentan con un “margen de negociación libre” como el que, según afirmó, tuvieron durante otros gobiernos. Por eso, consideró “complicado” alcanzar acuerdos que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores.
Además, estimó que la pérdida del poder adquisitivo ronda actualmente el 20%. “La situación es complicada y no vemos una salida salvo el año que viene con un cambio de la política económica, con un gobierno popular que apueste a la producción nacional y a la mano de obra intensiva como queremos nosotros”, afirmó.
Por otra parte, el dirigente de UTICRA se refirió al impacto de la reforma laboral y aseguró que, por el momento, sus efectos no se hicieron sentir de manera directa en el sector del calzado.
Incluso, explicó que el sindicato logró acuerdos de indemnización para trabajadores despedidos de fábricas que debieron cerrar como consecuencia de la crisis económica. Sin embargo, advirtió que la situación podría complicarse cuando las nuevas disposiciones entren plenamente en vigencia.
“El único ordenador que hay para los trabajadores es que haya trabajo. Ahí podés modernizarlo, cuando tenés un empleo seguro y no pluriempleo. Eso no es vivir. Nosotros queremos un trabajo de 8 horas con un salario digno, con obra social, con seguro de trabajo, que con este Gobierno no lo vamos a tener”, remarcó Jerez.
Asimismo, planteó la necesidad de que distintos sectores políticos, gremiales y sociales se unan “para parar este Gobierno el año que viene”.
En ese contexto, Jerez defendió la movilización como una herramienta para visibilizar los reclamos de los trabajadores. “Hay que estar en la calle y movilizados constantemente para mostrarle a todos los pueblos del mundo que la Argentina no está bien”, sostuvo.
Asimismo, consideró que debe existir “otra propuesta clara para tener una salida digna el año que viene” y señaló que ese es el objetivo del plan de lucha de la CGT. En esa línea, reclamó la conformación de un frente amplio integrado por distintos sectores políticos y sociales junto con el movimiento obrero.
Además, el dirigente de UTICRA se refirió a la situación de Calzados Rave, una fábrica ubicada en Lanús cuyos trabajadores reclaman el pago de cinco quincenas adeudadas.
Jerez indicó que los empleados mantuvieron recientemente una audiencia ante la Justicia para reclamar el pago de esa deuda, aunque reconoció que el panorama para las empresas del sector es complejo. “Es complicada la situación de las fábricas”, manifestó.
Por último, cuestionó la política económica del Gobierno nacional y sostuvo que “nunca dijo la palabra producción o trabajo”. Además, criticó la falta de medidas orientadas a garantizar que los salarios permitan sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Fuente: Periódico Qué con información de conclusión.com.ar
Las resoluciones surgieron de la asamblea departamental y serán votadas por los docentes durante las próximas horas. El resultado será elevado a la Asamblea Provincial de Amsafé, que el viernes definirá la posición oficial del gremio y resolverá si habrá medidas de fuerza.
Las cuatro mociones en discusión
Moción 1: rechazo de la oferta con jornadas de protesta semanales por distintos reclamos vinculados al sistema previsional, las escuelas técnicas, Iapos y el sistema de salud. Incluye la adhesión a la jornada nacional convocada por CTA y UTEP el 7 de agosto y a las medidas que disponga CTERA.
Moción 2: paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio con movilización y paro por tiempo indeterminado a partir del 4 de agosto. Moción 3: creación de un fondo de huelga, desobligación el 29 de julio, cese de tareas con movilización el 6 de agosto y adhesión a las medidas nacionales de CTERA. Moción 4: rechazo de la propuesta sin paro ni movilización, con jornadas de protesta y reclamo dentro de las escuelas y adhesión a las medidas nacionales de CTERA.
Desde el gremio que nuclea a los trabajadores denunciaron que abrieron retiros voluntarios y, en caso de no aceptarlos, comenzarán los telegramas de despidos.
El proceso de privatización y relicitación de los corredores viales nacionales que lleva adelante el gobierno de Javier Milei pone en peligro a 50 trabajadores que, en medio de la crisis económica, podrían quedar en la calle.
El Sindicato Único de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi) advirtió que varias decenas de empleados de las estaciones de peaje ubicadas en Ceres, departamento San Cristóbal, y localidades cercanas podrían perder sus puestos de trabajo, en un contexto de incertidumbre por el futuro de las concesiones.
El secretario general del gremio, Marcos Gilardi, explicó que, si bien circuló la versión de que todas las estaciones dejarían de funcionar el 31 de julio, la situación es distinta. Según detalló al programa radial La MAX Stream Radio 95.5, el proceso de concesión se está desarrollando por etapas y, en el caso de los corredores del norte y litoral del país, todavía no fueron adjudicadas las nuevas empresas que estarán a cargo de la operación.
Despidos e indemnizaciones
Mientras avanza la transición, Corredores Viales comenzó a ofrecer acuerdos de desvinculación al personal. Gilardi denunció que quienes rechacen esas propuestas recibirán telegramas de despido bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y cuestionó la modalidad utilizada para calcular las indemnizaciones.
Desde el gremio SUTRACOVI advierten por el posible despido de 50 trabajadores y trabajadoras. Foto: Ceresciudad.com
El dirigente, quien además aseguró que la empresa intenta aplicar una liquidación reducida para incentivar la firma de esos convenios. El gremio estima que solo entre las estaciones de peaje de Ceres y la zona aledaña más de 50 familias podrían quedar sin ingresos, una situación que consideran especialmente grave debido a la escasa oferta laboral existente en el departamento San Cristóbal.
Desde Sutracovi también cuestionaron el modelo de reconversión tecnológica impulsado para los corredores nacionales, basado en sistemas de cobro automático como Free Flow, TelePase y códigos QR.
Gilardi citó como antecedente lo ocurrido en el puente Rosario-Victoria, donde, según indicó, de una planta de 70 trabajadores, la nueva concesionaria solo reincorporó a 12 empleados. Además, señaló que el nuevo esquema contempla la instalación de pórticos de cobro aproximadamente cada 100 kilómetros, con posibles ubicaciones sobre la Ruta Nacional 34 en sectores como Pinto, Sunchales y Rafaela.
Otro de los cuestionamientos apunta a los pliegos de licitación elaborados por el Gobierno nacional. El sindicato sostiene que las futuras concesionarias tendrán obligaciones limitadas al mantenimiento básico de las rutas, como corte de pasto y señalización, sin precisiones sobre servicios esenciales.