el Gobierno nacional sumó otras 4.329 bajas mediante una nueva resolución publicada el 3 de noviembre.
Las suspensiones de pensiones no contributivas por invalidez laboral continúan ampliándose. A las 21.812 bajas dispuestas a fines de octubre, el Gobierno nacional sumó otras 4.329 mediante una nueva resolución publicada el 3 de noviembre.
De esta manera, son 26.141 los beneficios alcanzados por la medida, que la administración de Javier Milei justifica como parte de un proceso de auditoría para verificar si los titulares mantienen las condiciones exigidas para cobrar la prestación.
El procedimiento para solicitar la rehabilitación también sufrió modificaciones. La documentación médica actualizada deberá presentarse en dependencias habilitadas del PAMI, que reemplazaron a la ANSES como canal presencial. Los beneficiarios cuentan con 60 días corridos desde la notificación para iniciar el reclamo.
Sin embargo, organizaciones vinculadas a la discapacidad cuestionaron que la normativa no establezca un mecanismo preciso para garantizar que cada persona reciba efectivamente la comunicación antes de perder el ingreso.
Una puerta de entrada cada vez más difícil
El problema no se limita a las suspensiones. Según información obtenida por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) mediante un pedido de acceso a la información pública, durante 2025 no se otorgó ninguna pensión por invalidez laboral.
Desde 2024 hasta la actualidad se aprobaron apenas 5.825 prestaciones, frente a un escenario que ya acumulaba 587.373 solicitudes pendientes a diciembre de 2023. Las organizaciones también advierten que las nuevas medidas afectan el derecho de defensa de los titulares y que la existencia de bienes registrados no constituye, por sí sola, una prueba de fraude.
Ingresos insuficientes y un presupuesto cuestionado
En noviembre, la pensión por invalidez y vejez quedó en $310.910,92, que con el bono de $70.000 alcanza los $380.910,92. El monto permanece considerablemente por debajo de los $546.926 que el INDEC calcula como canasta básica de bienes y servicios para un adulto.
A esa situación se suma la preocupación por el Presupuesto 2027, que establece la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio y contempla modificaciones que podrían restringir las condiciones de acceso al sistema de protección.
La disputa también pasa por los recursos
Mientras el oficialismo prepara el tratamiento de una nueva ley de discapacidad en el Senado, las organizaciones reclaman que su implementación esté acompañada por financiamiento suficiente. El reclamo también apunta a la subejecución presupuestaria: a noviembre, el 61% de los programas y metas vinculados con discapacidad registraba una ejecución inferior al 50%.
En paralelo, el sector denuncia el deterioro de las prestaciones, las dificultades de inserción laboral y el impacto que las decisiones nacionales trasladan a las familias y a las instituciones que sostienen la atención.
Fuente: Periódico Qué - Agencias









