la implementación del fondo representaría una reducción de $4,3 billones en los ingresos de la Seguridad Social entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei incorpora un mecanismo que vuelve a poner en discusión el destino de los recursos de la seguridad social. Se trata del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento destinado a financiar las indemnizaciones por despido de las empresas privadas, que se nutrirá de una parte de las contribuciones patronales que actualmente tienen como destino el sistema previsional.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la implementación del fondo representaría una reducción de $4,3 billones en los ingresos de la Seguridad Social entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. Para dimensionar el impacto, el estudio tradujo ese monto al equivalente de 744.300 jubilaciones mínimas anuales, tomando como referencia el haber de noviembre de este año, de $444.027,73.
El mecanismo establece que una parte de las contribuciones patronales dejará de ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para alimentar las cuentas destinadas a cubrir las obligaciones indemnizatorias de los empleadores. La proporción prevista es del 1% de las remuneraciones para las grandes empresas y del 2,5% para las pequeñas y medianas. De acuerdo con las proyecciones del CEPA, el costo también representa unos 2.785 millones de dólares, equivalentes al 7,2% de la recaudación anual del sistema previsional.
La magnitud de los recursos involucrados adquiere relevancia frente a las dificultades de financiamiento que atraviesa el sistema jubilatorio. El informe compara el costo del FAL con las entre 200.000 y 225.000 nuevas jubilaciones que se proyectan para 2027: el monto que dejaría de percibir la Seguridad Social equivale a más de tres veces esa cantidad de haberes mínimos. Si se incorpora el bono mensual de $70.000, la equivalencia se ubica en alrededor de 649.800 jubilaciones.
La entrada en funcionamiento del fondo, sin embargo, fue postergada hasta el 1 de diciembre de 2026, según la normativa vigente. Mientras el Gobierno sostiene que la reducción de los costos laborales busca favorecer la contratación y modificar las condiciones del mercado de trabajo, el CEPA advierte que el mecanismo compromete recursos que hoy financian jubilaciones y pensiones.
Fuente: Periódico Qué – Agencias









