Santa Fe busca sumarse a otras provincias que ya realizan controles a sus funcionarios
En diálogo con PeriodicoQue.com.ar, el senador Sosa destacó el consenso alcanzado entre los bloques legislativos tras un intenso debate interno. "La discusión ha sido ardua, pero se enriqueció con la voluntad de todos. Logramos la aprobación por unanimidad", afirmó el legislador.
Salud e idoneidad en la función pública
Sosa enfatizó que la norma no tiene una finalidad persecutoria ni punitiva, sino preventiva y asistencial. "No buscamos estigmatizar absolutamente a nadie; la salud física y psicológica de quienes estamos en la función pública es más que necesaria. De nosotros dependen muchas personas", remarcó.
Asimismo, precisó que aquellos funcionarios que requieran tratamiento recibirán abordaje a través de un mecanismo multidisciplinario: "Quienes estén en condiciones de ser tratados lo serán mediante un esquema integral, con confidencialidad total y asegurada".
Referentes y expectativas de sanción
Para el diseño del proyecto se tomaron como referencia antecedentes de otras jurisdicciones del país, como la provincia de San Luis, adaptando sus mejores prácticas al contexto santafesino.
Tras haber superado las instancias de debate en la Cámara Alta con aportes de los distintos sectores, el senador Sosa se mostró optimista respecto al trayecto restante en la Cámara de Diputados: "Confío en que tendrá el mismo tratamiento favorable y esperamos que antes de fin de año la ley esté funcionando en la provincia".

Hugo Sosa, senador por el Departamento Vera
Puntos clave del proyecto
Controles obligatorios: Se exige la realización del test a los 30 días hábiles de haber asumido el cargo, sumado a controles aleatorios posteriores definidos por sorteo.
Confidencialidad garantizada: Los resultados estarán resguardados para proteger la privacidad y evitar la estigmatización del funcionario.
Garantía del debido proceso: El marco legal respeta los derechos de defensa, dignidad y no discriminación.
Plazos de reglamentación: Una vez sancionada de forma definitiva por la Legislatura, el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días para reglamentar su implementación.









