El Estado provincial debe incorporar personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no inferior al 5% de los puestos comprendidos por la legislación.
La norma, sancionada en 2019 y reglamentada en 2020, establece que el Estado provincial debe incorporar personas travestis, transexuales y transgénero en una proporción no inferior al 5% de los puestos comprendidos por la legislación.
El mecanismo contempla un Registro de Aspirantes y busca garantizar no sólo el acceso al empleo público, sino también condiciones de estabilidad laboral para un colectivo históricamente atravesado por la exclusión del mercado de trabajo.
Quienes impulsan el amparo sostienen que la falta de continuidad en las convocatorias dejó en suspenso una política que fue conquistada por las organizaciones de la diversidad. La activista travesti Sandra Gabriela Sánchez señaló que el acceso al trabajo continúa siendo uno de los principales obstáculos para la población trans y cuestionó la ausencia de respuestas estatales.
La presentación judicial, que todavía se encuentra en etapa de organización, cuenta con el acompañamiento de organizaciones de distintas localidades santafesinas.
El reclamo pone nuevamente en discusión la distancia entre una ley vigente y su cumplimiento efectivo. En 2023, durante la gestión de Omar Perotti, la provincia volvió a abrir el registro de inscripción al cupo laboral trans y en ese momento informó que 19 personas se desempeñaban en el Poder Ejecutivo y una en el Legislativo.
Ahora, las organizaciones reclaman que el mecanismo vuelva a funcionar con convocatorias regulares y criterios transparentes, y anticipan que recurrirán a la Justicia para exigir que la Ley 13.902 deje de ser una norma vigente sólo en los papeles.
Fuente: Periódico Qué - Agencias
