El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, suspendió los artículos 10 y 56 de la norma.
La Justicia federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por colegios de abogados de distintas provincias y suspendió durante tres meses la aplicación de dos artículos de la Ley 27.802, que modificó la legislación laboral. Entre las entidades que participaron del reclamo se encuentran representantes de Santa Fe, junto con colegios de Córdoba, Corrientes, Misiones, Chaco, Río Negro y otras jurisdicciones.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El magistrado suspendió los artículos 10 y 56 de la norma y dispuso que, durante el período establecido, vuelvan a regir las disposiciones anteriores de la Ley de Contrato de Trabajo. La decisión no constituye una declaración definitiva de inconstitucionalidad, sino una medida provisoria mientras continúa el proceso judicial.
Uno de los puntos cuestionados está relacionado con las costas de los juicios laborales. La reforma establecía un criterio para determinar cuándo un reclamo podía considerarse excesivo y contemplaba la posibilidad de que el abogado respondiera solidariamente por las costas. Para el juez, la nueva redacción genera incertidumbre porque una eventual responsabilidad profesional no debería surgir únicamente de la diferencia entre lo reclamado y lo finalmente reconocido.
El segundo artículo suspendido modifica el régimen de pago de las sentencias laborales y habilita a las empresas a cancelar las condenas en cuotas. El esquema contemplaba hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas. El magistrado consideró, en esta etapa inicial, que permitir el pago fraccionado sin intervención del titular del crédito podría afectar derechos vinculados con la propiedad y generar incertidumbre respecto de los honorarios profesionales.
El reclamo había sido impulsado por casi una treintena de colegios de abogados, que cuestionaron el impacto de las modificaciones sobre el ejercicio profesional y el derecho de defensa. En Santa Fe, el planteo había sido respaldado por representantes del Colegio de Abogados, que señalaron especialmente los efectos que podían tener las nuevas reglas sobre las costas y los honorarios en los procesos laborales. Con la cautelar, el debate vuelve a quedar bajo revisión judicial.
Fuente: Periódico Qué - Agencias
